La Magistratura Constitucional señala que de la revisión de los antecedentes se evidenciaría que la inactividad procesal no se debe a la falta del impulso procesal de oficio, sino que, a la actitud procesal del requirente en sentido de no efectuar el pago de lo adeudado, oponer excepciones ni objetar la reliquidación del crédito, buscando evitar las medidas dispuestas en su contra.

El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley y el principio de seguridad jurídica, desde que, a pesar de que SERNAPESCA no ha realizado gestión alguna en el proceso desde abril de 2022, no puede solicitar el abandono del procedimiento, sin que existan una razón que lo justifique.

La requirente alega que las normas legales objetadas infringen el debido proceso, desde que limita la posibilidad de revisión de una cuestión netamente de fondo como es la determinación de si una prueba fue o no obtenida con infracción de garantías constitucionales, y si, en consecuencia, debe ser excluida, en circunstancias que tanto la jurisprudencia como la doctrina sostienen que el debido proceso comprende el denominado derecho a recurrir.

En la gestión pendiente se dictó una resolución que pronunció el sobreseimiento definitivo de la causa, extinguiéndose de esta manera la gestión pendiente, que es requisito de procedencia de la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad.

Los Ministros Vásquez, Fernández y Mery, y la Ministra Peredo, previenen que concurren a declarar constitucional el artículo 24 C, inciso tercero, de la Ley General de Telecomunicaciones, en el entendido de que las medidas excepcionales y provisorias que se adopten para garantizar que los operadores de infraestructura y los proveedores del servicio público de telecomunicaciones puedan iniciar el despliegue y la provisión del servicio a la comunidad, durante los estados de excepción, no pueden implicar suspensión o restricción de derechos fundamentales.

La Magistratura Constitucional razonó que se trata de una venta y disposición de bienes que se origina como consecuencia del incumplimiento de una obligación y se trata de una venta -y de una consecuente disposición- que tiene lugar por el ministerio de la justicia, en el contexto de un juicio ejecutivo, lo que no puede ser considerado una diferencia arbitraria.

El requirente alega que las normas legales objetadas infringen la igualdad ante la ley, el debido proceso, la libertad para desarrollar una actividad económica lícita y el derecho de propiedad, desde que a pesar de que fueron dictadas hace más de 25 años, permiten que se aplique un estatuto diferenciado del general para la enajenación de bienes de comunidades, en cuanto no permiten requerir la tasación de los inmuebles por un perito judicial, entre otras objeciones.

La requirente alega que las normas legales objetadas infringen el derecho de propiedad y el principio de continuidad de la empresa, desde que permiten que un tercero realice una propuesta u oferta a su arbitrio y con ello que los acreedores mayoritarios puedan aceptarla unilateralmente con el solo objeto de cubrir su crédito.

La Magistratura constitucional razonó que el carácter progresivo de la autonomía del niño o niña explica que, aunque ellos o ellas sean sujetos de derechos, carecen de la autonomía del adulto lo que se constata a partir de un desarrollo intelectual distinto y que se proyectaría, según la ciencia, hasta entrados los veinte años y justifica normativamente la segmentación interna de la niñez, que va desde la primera infancia y se proyecta hasta llegar a la adolescencia.

La Magistratura Constitucional razonó que, de acuerdo con el tenor del caso concreto los preceptos legales impugnados no resultan decisivos en la resolución del asunto.