La expulsión administrativa si bien considera como antecedente la condena por el delito de tráfico ilícito de drogas -en el cual el bien jurídico protegido es la salud pública–, no tiene por fundamento el mismo bien jurídico. La pena impuesta por el delito corresponde a un asunto de política criminal del Estado, mientras que la expulsión es propia de la política migratoria del Estado que expulsa.

La Magistratura Constitucional resuelve que provoca un efecto inconstitucional, pues coarta la posibilidad de que el juez, si estima que concurren los requisitos, califique la relación como una de tipo laboral, lo cual impide acceder a las prestaciones laborales y previsionales a las que otros trabajadores, en la misma situación, sí tienen acceso, e incluso a un eventual reconocimiento de los años de servicios que reclama la requirente sin el límite del artículo 163 del Código del Trabajo.

El Tribunal Constitucional razona que las cuestiones implicadas en el requerimiento exigen resolver si el juez civil es competente para conocer y fallar una acción por abuso del derecho en contra de una organización sindical y sus dirigencias, lo que le corresponde decidir al juez del fondo. El Ministro Cristián Letelier estuvo por acoger parcialmente el requerimiento sólo en relación a la institución procesal de la exhibición de instrumentos que, en el caso concreto, estima contraria a la libertad sindical.

La Magistratura Constitucional descarta que, en el caso concreto, la aplicación de los preceptos legales impugnados infrinja los principios de igualdad ante la ley, el derecho de propiedad y la libertad de trabajo.

La norma impugnada no se limita a determinar que la tasación fiscal deba ser la que rija para fijar el mínimo del precio de subasta, sino que añade, “a menos que el ejecutado solicite que se haga una nueva tasación”, caso en que se hace por peritos, conforme al valor comercial, por lo tanto, si le concede una oportunidad al propietario y el ejecutado no utilizó esa facultad, es él mismo quien se puso en situación de tener que soportar una venta a precio que puede resultar menor.

El objetivo del legislador al establecer una disposición transitoria como la impugnada, sólo tuvo por fin evitar alegaciones como las que se plantean en el requerimiento, en orden a que la derogación formal de un precepto se traduciría en una despenalización de la conducta.

Se otorga anualmente en reconocimiento al aporte significativo que representan tesis, memorias, tesinas, seminarios de tesis o investigaciones en el desarrollo de la Justicia Constitucional en Chile.

El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley, la igual repartición de las cargas públicas, el derecho de propiedad y el principio de seguridad jurídica, desde que no tiene por qué responder por una función social o pública, ya que la distribución de dicha carga no está fundada en criterios igualitarios ni equitativos, menos, si se le priva de un atributo esencial de su derecho real, en concreto, de la facultad de usar y disponer de la cosa, sin que exista una ley general o especial que autorice esta expropiación por causa de utilidad pública o interés nacional.

Se modifica la Ley de Fraudes a fin de corregir incentivos perversos que ha generado el marco legal actual, que permiten comportamientos que perjudican a los consumidores financieros como un conjunto e incluso resultan en la comisión de delitos.

El requirente alega que la norma legal objetada infringe el debido proceso, el derecho de propiedad y la garantía de no afectación sustantiva, desde que a pesar de que la última gestión útil fue el 2017, en la que se practicaron diversos embargos a su cuenta corriente, el tribunal decidió embargarlo por una cuantía que equivale a más de diez veces lo que originalmente debía pagarse, ello como consecuencia de la desidia del tribunal ejecutante y de la contraria.