La Magistratura Constitucional concluye que no hay vulneración de derechos constitucionales, ya que el legislador ha establecido plazos de prescripción razonables y diferenciados para las acciones de filiación, en función de los intereses y derechos involucrados, especialmente la protección del niño. Rechaza la impugnación ilimitada de la paternidad, pues dicha posibilidad puede perjudicar la identidad y dignidad del hijo, cuyo derecho a la filiación y a la identidad deben prevalecer.

La requirente sostiene que la limitación de la disposición impugnada dice relación única y exclusivamente a aquellas resoluciones que se dicten respecto de actuaciones propias del Derecho del Trabajo y reguladas en el Código del Ramo, cuestión que no ocurre en el caso concreto, ya que se trata de una apelación respecto de la resolución que rechazó un incidente de nulidad de todo lo obrado por falta de emplazamiento.

La Magistratura Constitucional sostuvo que el precepto cuestionado, al prohibir en general la prueba, restringiéndola exclusivamente a lo concerniente a los hechos que fundan la causal invocada, no es contrario a la Constitución. En efecto, la regla cuestionada guarda concordancia plena con los principios formativos del proceso laboral y con las características propias del recurso de nulidad, en cuya virtud la Corte no es instancia sino tribunal de control de legalidad de las decisiones judiciales.

La Magistratura Constitucional razona que la regulación del CNTV sobre contenidos televisivos para proteger a menores de edad se funda en la colaboración reglamentaria permitida por la Constitución. Indica que la ley le otorga la potestad de establecer normas específicas para la programación televisiva, como la designación de horarios, y que la sanción impuesta es proporcional, considerando las circunstancias del caso, y que la normativa proporciona los elementos necesarios para evaluar y aplicar sanciones de manera flexible y justa.

La requirente sostiene que la expresión «de caducidad», contenida en el precepto impugnado, es crucial para la resolución del asunto, ya que, en relación con la gestión pendiente, el recurso de queja ante la Corte Suprema, aún por resolver, determinará si se acoge o rechaza, dependiendo de la aplicación o no de dicha disposición legal.

Se produjo un empate de votos, y atendido el quórum exigido por el artículo 93 de la Constitución y el artículo 8° de la Ley N°17.997, al no alcanzarse la mayoría para acoger el requerimiento de inaplicabilidad, éste fue desestimado.

La requirente alegó que el precepto impugnado vulnera expresamente la garantía constitucional del debido proceso y el principio de inexcusabilidad, en cuanto establece que la falta de comparecencia de uno o más recurrentes del recurso de nulidad a la audiencia dará lugar a que se declare el abandono del recurso respecto de los ausentes.

La requirente sostiene que debe declararse la inaplicabilidad del precepto legal que impugna para garantizar el derecho a defensa y la garantía de procedimiento racional y justo, el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho de propiedad, lo que se garantía aplicando las reglas del procedimiento ordinario.

La requirente sostiene que la aplicación del precepto impugnado en la gestión pendiente genera una diferencia injustificada, carente de fundamento y arbitraria en un procedimiento tramitado ante un Juzgado de Policía Local, vulnerando los principios de igualdad ante la ley y de no discriminación arbitraria.

El procedimiento judicial debe ser racional y justo, y respetar principios fundamentales que garanticen la equidad y la no arbitrariedad. En este contexto, considera que el precepto que establece que el tribunal debe pronunciarse de inmediato respecto de excepción de la caducidad impide una evaluación razonada de la situación particular del caso, afectando el derecho de defensa del demandante, alega el requirente.