La requirente sostiene que el artículo 3° transitorio de la Ley de Tramitación Electrónica extiende de manera innecesaria la ultratactividad de las normas anteriormente vigente en el CPC, a causas en apelación y casación que se tramitan en forma electrónica independientemente de su origen, afectando el principio de igualdad ante la ley. Además, de que la medida no cumple su objetivo de mantener la tramitación en papel y crea una distinción arbitraria entre litigantes.

Se considera que las normas que regulan el trámite de la reconvención en el caso pueden ser contrarias a garantías constitucionales, como la igualdad ante la ley, el acceso a la justicia y el debido proceso, pues estiman que el artículo 646 del Código de Procedimiento Civil plantea problemas al no garantizar una resolución equitativa.

El requirente alega que los preceptos legales objetados infringen el debido proceso y los artículos 6, 7 y 38 de la Constitución, desde que al tratarse de una disputa acerca de la inscripción de una escritura de cesión de derechos conforme al artículo 58 del Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces, la aplicación de las normas impugnadas no es procedente, desde que la nulidad de un acto del CBR sólo puede reclamarse en base al estatuto constitucional de la nulidad de derecho público por tratarse de un acto administrativo.

El requerimiento sostiene que el precepto impugnado desnaturaliza el contenido de la Ley de Presupuestos, infringe las reglas especiales en materia presupuestaria (art. 67 inciso segundo), así como las reglas sobre ideas matrices (art. 69 inciso primero) y sobre iniciativa exclusiva (Art. 65 inciso cuarto, numeral 2), lo que el Tribunal Constitucional debe declarar para que la norma cuestionada –incorporada en el proyecto de ley de presupuestos- no pueda ser promulgada.

Los requirentes alegan que, aunque la confesión es uno de los seis medios probatorios del Código de Procedimiento Civil y juega un papel fundamental en los juicios civiles, si se utiliza en la sede penal puede vulnerar derechos fundamentales, lo que justifica declarar inaplicable los preceptos legales que impugnan para impedir una confesión que pueda emplearse en la sede penal.

Con la participación de Miguel Roca I Junyent – miembro de la Comisión Redactora de la Constitución Española de 1978- se presentó la obra del académico de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile (UC), profesor Patricio Zapata Larraín.

La requirente alega que el precepto legal objetado infringe la igualdad ante la ley, el derecho a la protección de la salud, a la seguridad social y el derecho de propiedad, desde que autoriza a las ISAPRES aplicar un reajuste que equipara el valor del plan de salud a la cotización legal por el solo ministerio de la ley, sin que haya un hecho de por medio, eliminándose así, y de facto, la posibilidad de tener excedentes de cotización.

La requirente alega que el precepto legal objetado infringe el debido proceso, desde que impide al demandado ofrecer e incorporar prueba, como tampoco recurrir de casación en el fondo ante la Corte Suprema.

La impugnante alega que el precepto legal objetado infringe el deber de fundamentación, la igualdad ante la ley y el derecho a recurrir, desde que impide que un recurso de casación en la forma pueda ser revisado por un tribunal superior.

Ninguno de los antecedentes llevan a concluir, sin posibilidad de duda, que el acusado haya utilizado para el ingreso al lugar no habitado, fractura de puertas interiores, armarios, arcas u otra clase de muebles u objetos cerrados o sellados, ya que, si bien se encontraba en el sitio del suceso, como lo describieron los funcionarios policiales, a la orilla de un ventanal, en atención a los acontecimientos que sucedían en Puente Alto ese día, no necesariamente hacen presumir que el enjuiciado haya procedido conforme se describe en la norma en comento.