Los requirentes alegan que, aunque la confesión es uno de los seis medios probatorios del Código de Procedimiento Civil y juega un papel fundamental en los juicios civiles, si se utiliza en la sede penal puede vulnerar derechos fundamentales, lo que justifica declarar inaplicable los preceptos legales que impugnan para impedir una confesión que pueda emplearse en la sede penal.

Con la participación de Miguel Roca I Junyent – miembro de la Comisión Redactora de la Constitución Española de 1978- se presentó la obra del académico de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile (UC), profesor Patricio Zapata Larraín.

La requirente alega que el precepto legal objetado infringe la igualdad ante la ley, el derecho a la protección de la salud, a la seguridad social y el derecho de propiedad, desde que autoriza a las ISAPRES aplicar un reajuste que equipara el valor del plan de salud a la cotización legal por el solo ministerio de la ley, sin que haya un hecho de por medio, eliminándose así, y de facto, la posibilidad de tener excedentes de cotización.

La requirente alega que el precepto legal objetado infringe el debido proceso, desde que impide al demandado ofrecer e incorporar prueba, como tampoco recurrir de casación en el fondo ante la Corte Suprema.

La impugnante alega que el precepto legal objetado infringe el deber de fundamentación, la igualdad ante la ley y el derecho a recurrir, desde que impide que un recurso de casación en la forma pueda ser revisado por un tribunal superior.

Ninguno de los antecedentes llevan a concluir, sin posibilidad de duda, que el acusado haya utilizado para el ingreso al lugar no habitado, fractura de puertas interiores, armarios, arcas u otra clase de muebles u objetos cerrados o sellados, ya que, si bien se encontraba en el sitio del suceso, como lo describieron los funcionarios policiales, a la orilla de un ventanal, en atención a los acontecimientos que sucedían en Puente Alto ese día, no necesariamente hacen presumir que el enjuiciado haya procedido conforme se describe en la norma en comento.

Esta normativa busca establecer un marco regulador robusto para la gestión de datos personales en Chile, con el fin de proteger la privacidad de los ciudadanos. Además, se crea la Agencia de Protección de Datos Personales, un organismo autónomo que se encargará de la fiscalización y el cumplimiento de la normativa.

La impugnante alega que el precepto legal objetado infringe el derecho a la educación y el derecho de propiedad, desde que, al privársele de la subvención, no sólo no podrá pagar sueldos a los profesores de los colegios municipales y, con ello, no se podrán impartir clases a los alumnos, sino que, además, los estudiantes dejarán de recibir la alimentación diaria que les proveen los colegios municipalizados.

El requirente alega que el precepto legal objetado infringe la igualdad ante la ley, el acceso a un recurso efectivo, el debido proceso y el principio de seguridad jurídica, desde que impide reclamar la medida expulsiva dispuesta por la Dirección General de Carabineros.

El requirente alega que las normas del Auto Acordado infringen el principio de reserva legal, de publicidad, de competencia, la garantía general sobre la esencia de los derechos en nexo con el derecho al debido proceso, a no ser juzgado por una comisión especial, la igualdad ante la ley, la integridad psíquica, el derecho a la vida privada y a la honra personal y familiar, desde que a pesar de que solo una ley de quórum calificado puede disponer la reserva o secreto de los actos de los órganos del Estado, las normas cuestionadas se atribuyen erradamente funciones del legislador, impidiéndole ejercer una defensa adecuada.