El TC admitió a trámite un requerimiento de inaplicabilidad que impugna una parte del inciso segundo  del artículo 277 del Código Procesal Penal.La gestión invocada incide en un juicio por delito de colocación de artefactos explosivos contemplado en la ley N°18.314, que determina las conductas terroristas y fija su penalidad, en que un Juez de […]

juicio laboral de indemnización de perjuicios por accidente del trabajo

en el marco del cual se interpuso una demanda de cuidado personal a favor del hijo del requirente, y en contra de la madre, tramitado actualmente ante un Juzgado de Familia de San Miguel.

«el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad tiene por objeto examinar si la aplicación de un precepto legal en una gestión pendiente ante un tribunal ordinario o especial resulta contraria a la Constitución. En consecuencia, se trata de una acción dirigida en contra de normas precisas de jerarquía legal concernidas en una gestión jurisdiccional y que puedan resultar derecho aplicable en ella.»

«para entrar a pronunciarse sobre la admisión a trámite es menester que la parte requirente acompañe copia de la sentencia de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 27 de abril de 2007, recaída en el Rol I.C. N° 8587-2002, que invalidó todo lo obrado, a que se alude en el requerimiento».

en lo relativo a la negativa de acceder a la suspensión del procedimiento, quien estuvo por concederla.

la preceptiva impugnada se vulneran las reservas de ley las disposiciones contenidas en los artículos 19 N° 20 y 63 N°s. 2 y 14, en el artículo 65 inciso cuarto N° 1, en relación a los artículos 6° y 7°, todos ellos de la Constitución Política

conforme al certificado del Tribunal Calificador de Elecciones, consta que ante dicho tribunal se dedujo recurso de apelación en contra de la sentencia del Tribunal Electoral de la VI Región, que rechazó la acción deducida por los mismos concejales individualizados en autos, en contra de la Alcaldesa de la Municipalidad de San Vicente de Tagua Tagua, por notable abandono de deberes.

de aplicarse el precepto impugnado se vulneran sus garantías constitucionales, en específico, las de la igualdad ante la ley y las del racional y justo procedimiento, además de los artículos 1° a 4° de la Carta Fundamental, al impedir que se recurra respecto del segundo juicio oral.

se objetan las expresiones “en la forma que determine el Reglamento” e “inválido”, por cuanto se estima que vulneran la igualdad ante la ley y la no discriminación por razón alguna incluida el género de las personas.