«La decisión fue acordada con el voto en contra del Ministro Fernández Fredes, quien estuvo por declarar inadmisible el requerimiento ya que resolver la cuestión planteada, aduce, exige necesariamente pronunciarse sobre si debe aplicarse el DFL 850/1997, del Ministerio de Obras Públicas, o el DFL 323, de 1931».

«La Sala designada por el Presidente del TC no admitió a trámite la acción deducida, pues el certificado acompañado por la requirente no da debido cumplimiento a las exigencias contenidas en el artículo 79 de la LOCTC…»

«…el fallo aborda la evolución constitucional de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República en materia de gastos y seguridad social. Respecto a ella –consagrada en el actual art. 65 de la CPR, y a juicio del actual primer Mandatario aquí desconocida por el Senado– se señala que no es sino continuadora de una tendencia histórico-institucional que comienza a configurarse desde la Carta de 1925 y, en especial, a partir del año 1943».

«El TC declaró la inaplicabilidad de la norma referida, luego de establecer que si bien tal precepto fue derogado por el artículo único Nº 17 de la Ley Nº 20.087, a partir del 31 de agosto de 2009, en el territorio jurisdiccional en que tiene lugar la gestión pendiente, de todos modos ella recibió aplicación, desde que el reclamo jurisdiccional de la multa que motivó el presente proceso se interpuso con fecha 28 de agosto de 2009».

Estiman que de aplicárseles las normas impugnadas se vulnera la igualdad ante la ley, como también la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por cuanto se les veda de ejercer su derecho a la identidad, privándolos de las acciones procesales para tales efectos.

La Magistratura Constitucional declaró que la norma objeto de control regula en su totalidad una materia propia de ley orgánica constitucional, a que se refiere la Constitución en su artículo 77, toda vez que sus incisos en su globalidad constituyen un todo armónico e indivisible que no es posible separar o escindir. Motivo por el cual forma parte, de igual modo, de la aludida ley orgánica constitucional.

(…)el Senado infringió diversas disposiciones constitucionales que se vinculan directamente con el ámbito de materias reservadas a la iniciativa exclusiva del Presidente de la República, por lo que se solicita se deje sin efecto tal actuación y se restablezca el imperio del derecho en la tramitación del referido proyecto de ley.

La gestión pendiente invocada incide en sendos recursos de casación en la forma y en el fondo seguidos ante la Corte Suprema, mediante los cuales se pretende anular una sentencia de la Corte de Apelaciones de Talca referida a un reclamo de liquidación tributaria.

La gestión pendiente invocada incide en un juicio ordinario seguido ante un Juzgado Civil de Santiago, mediante el cual se demandó la nulidad de derecho público de una resolución exenta, que, basada en las normas impugnadas, declaró la vacancia del cargo respecto de un funcionario por salud irrecuperable o incompatible para desempeñarlo.

(…)no concurre, en la especie, ninguna de las causales de inadmisibilidad previstas en el artículo 84 de la LOCTC.