El fallo reitera que la inaplicabilidad no es una vía procesal idónea para impugnar resoluciones judiciales de tribunales ordinarios o especiales con la finalidad de revocar, enmendar, revisar, casar o anular éstas; ya que la guarda del imperio de la ley en el conocimiento, juzgamiento y ejecución de lo juzgado en general y de la sustanciación en particular de las causas civiles y criminales corresponde exclusivamente a los tribunales creados por ley a través de las vías procesales previstas en las leyes de enjuiciamiento.

«no basta, como ocurre en el requerimiento, con que se afirme que la aplicación de las reglas de procedimiento establecidas por el artículo 1º de la Ley Nº 20.030 afectan el derecho a la defensa, y se omita exponer en el mismo libelo, de la manera es que exigido, la forma en que aquella normativa legal, en su aplicación concreta al juicio de reclamación de paternidad que se sigue en su contra, podría producir un efecto contrario al aludido derecho».

«privar a los atentados contra el derecho a la honra, que no constituyan delitos específicos, de la protección de la ley, pues, mientras las lesiones a otros derechos igualmente no constitutivas de delitos dan lugar a indemnización por todos los daños patrimoniales y morales causados, de acuerdo a la regla general (art. 2329), las imputaciones injuriosas contra el honor o el crédito de una persona no dan derecho a la indemnización del daño moral, que es naturalmente el producido por esta clase de atentados y, ordinariamente, el único».

«la situación es grave, ya que las vertientes naturales que proveen agua a las distintas comunidades se encuentran situadas justamente bajo las instalaciones de las mineras, existiendo el peligro latente de que estas sean contaminadas, situación que vulneraría el derecho a la vida, a la propiedad y a vivir en un medio ambiente libre de contaminación».

Se solicitó declarar inaplicable, por inconstitucional, los artículos 4º y 292 del Código del Trabajo y el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil. La primera de las normas impugnadas establece una presunción de derecho referida a quienes representan al empleador y lo obligan con los trabajadores. Mientras que la segunda dispone que: “En caso […]

La gestión pendiente invocada es un recurso de protección que conoce la Corte de Apelaciones de Santiago deducido en contra de la Dirección de Compras y Contratación Pública, y la Dirección del Trabajo, mediante el cual se pretende dejar sin efecto el acto administrativo que determinó que la actora no cumplía con los requisitos para ser incorporada en el Registro Electrónico Oficial de Contratistas de la Administración participar en una licitación.

La gestión pendiente invocada es un juicio ejecutivo seguido ante un Juzgado Civil de Santiago, mediante el cual el SENAME pretende el cobro de la participación en el producto de la venta de un inmueble enajenado por la “Fundación Mi Casa”.

La gestión pendiente invocada está constituida por cinco recursos de nulidad que actualmente conoce la Corte de Apelaciones de Temuco, mediante los cuales se impugnan una serie de sentencias definitivas dictadas por un Juzgado de Letras del Trabajo de dicha ciudad.

Razona luego que la “gestión judicial” -a que aluden el constituyente y el legislador en la materia- está referida al negocio jurisdiccional a que da origen una controversia jurídica entre partes (dos o más personas con intereses contrapuestos), sometida al conocimiento y decisión de un tribunal.

Se solicitó declarar inaplicable, por inconstitucional, el artículo 24 del D.F.L. N°2, de 1998, del Ministerio de Educación, que autoriza a los establecimientos subvencionados bajo el sistema de financiamiento compartido a realizar cobros mensuales por alumnos. La gestión pendiente invocada es un recurso de protección en trámite ante la Corte de Apelaciones de San Miguel, […]