Luego puntualiza que solo puede conocer de la cuestión de constitucionalidad alegada si ésta afecta a las disposiciones incluídas en el proyecto de ley respectivo, pues ejerciendo control preventivo de constitucionalidad no puede extender su examen a preceptos legales vigentes.

El artículo 84 bis que se incorpora a la Ley Nº 19.175 establece cómo se han de configurar los consejos regionales en el evento de que por sentencia firme o ejecutoriada el tribunal electoral competente declare la nulidad de una elección municipal de concejales y, en consecuencia, no sea posible la elección del consejo regional correspondiente.

La Tesorería planteó que el requerimiento debe ser rechazado por haberse formulado con carácter preventivo, pues no ha sido decretado aún el arresto ni resuelta por el tribunal la petición formulada por el deudor en orden a que se aplique el Pacto de San José de Costa Rica.

El TC observa luego que el requirente compareció formulando una sola alegación o defensa -vinculada al incumplimiento tributario en la emisión del título-, sin controvertir la existencia de la obligación, su naturaleza ni el estado de insolvencia.

La impugnación fue desestimada luego de reiterar el TC que la facultad de los Directores Regionales del SII de aplicar sanciones administrativas, se enmarca dentro de su potestad sancionadora, la que no supone el ejercicio de la jurisdicción.

El requirente, dentro de tercero día y en ejercicio de la facultad que otorga el artículo 41 de la citada normativa, procedió a transcribir el texto íntegro del requerimiento que había deducido, “debidamente corregido” según expresó, y pidió al TC tener por subsanados los defectos representados y, en consecuencia, dar curso a la acción.

Recuerda que las ediciones oficiales de los códigos surgió en el país junto con el primero que se dictara, esto es, con el Código Civil, y que desde sus inicios se ha seguido un procedimiento semejante, en lo relativo a la custodia de un número de ejemplares debidamente autenticados, que serían los oficiales y a los que debían conformarse las ediciones que posteriormente se hicieran.

Se solicitó declarar inaplicable el artículo 61 de la Ley Nº 18.695 en una causa relacionada con la declaración de incapacidad temporal del Alcalde de la Municipalidad de Llanquihue para continuar en el desempeño del cargo por haber incurrido en la causal prevista en la norma impugnada…

El MP planteó que no concurría el requisito de la existencia de una gestión pendiente pues la norma cuestionada fue aplicada y surtió todos sus efectos.

Se interpuso un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad y otro de inconstitucionalidad en contra de una resolución exenta dictada por el Servicio Agrícola y Ganadero y de una norma contenida en la ley orgánica de ese servicio, los que inciden en un juicio de reclamo de acto administrativo tramitado ante un juzgado civil.