El Tribunal Constitucional razona que las normas legales impugnadas resguardan la salud pública frente a enfermedades transmisibles, infecciosas, lo que se inscribe en el deber estatal de dar protección a la población para lograr la llamada “inmunidad colectiva” a fin de que tales enfermedades no se propaguen en cautela del derecho a la vida, de la integridad física y de la protección de la salud de la población. Por ello la libertad de conciencia no puede ser invocada para oponerse a cualquier regulación legal que las personas consideren contraria a sus creencias, sobre todo cuando afecta a terceros.

La requirente alega que el precepto legal objetado infringe el debido proceso, el derecho a recurso y el derecho de propiedad, como así también, el inciso segundo del artículo 105 de la Carta Fundamental, al no haberse resuelto por las autoridades competentes los recursos que interpuso, rectificarse la resolución para modificar la causal primitivamente aplicada y ejercerse una facultad discrecional sin encontrarse motivada.

Se sostiene que el precepto legal objetado podría infringir el debido proceso, el derecho al recurso, desde que la decisión de abandono del recurso de nulidad conlleva que la sentencia condenatoria quede a firme, lo que descansa sobre un hecho no consentido o buscado por el sentenciado, sino que por el contrario, dice relación con el actuar negligente de un agente del Estado, como lo fue la Defensoría Penal Pública.

La requirente alega que el precepto legal objetado infringe la igualdad ante la ley, el debido proceso y el principio de proporcionalidad, desde que establece una doble sanción para el empleador y obliga a pagar la indemnización laboral y la que prevé el Estatuto Docente por no notificar la desvinculación del docente con la anticipación que en este último cuerpo legal se exige, lo que no pudo hacer por encontrarse aquel haciendo uso de licencia médica.

El precepto impugnado tiene como legítima finalidad clausurar el proceso, haciendo efectiva la pronta y cumplida administración de justicia, tanto para que el imputado sea juzgado en un plazo razonable como para que las eventuales víctimas reciban reparación. Por ello, la certeza y seguridad jurídica, inherentes a la resolución de conflictos por medio del proceso, justifican que estos terminen en algún momento, razonan las disidentes.

La requirente alega que el precepto legal objetado infringe el principio de supremacía constitucional, de juridicidad y legalidad, la igualdad ante la ley y el debido proceso, desde que el plazo de prescripción de la falta que sanciona la Contraloría General de la República es el general del Código Civil de 5 años, y no el de 6 meses que establece para las faltas el Código Penal.

El requirente alega que el precepto legal objetado infringe el derecho de negociación colectiva y el derecho de propiedad, desde que permite disminuir el sueldo base cuando es superior a la remuneración básica mínima nacional.

El 11 y el 12 de octubre, participó en la 140° Sesión del Órgano Consultivo, responsable de brindar asesoría jurídica sobre cuestiones planteadas por alguno de los más de 60 Estados miembros sobre la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales.

El requirente alega que el precepto legal objetado infringe el debido proceso y el artículo 22 del tratado de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, como así también, el artículo 5 inciso segundo constitucional, desde que a pesar de que el Estado de Chile se comprometió de buena fe a celebrar un Tratado Internacional, la norma impugnada impide oponer la excepción de inmunidad de jurisdicción, en circunstancias que las normas internacionales gozan de un estatus jerárquico superior al derecho doméstico.

El requirente alega que el precepto legal objetado infringe la igualdad ante la ley, el debido proceso y los principios de publicidad y de fundamentación de las decisiones, desde que la Ley N°21.210 mantiene vigente la restricción para interponer el recurso de casación en la forma sólo a ciertas causales del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil en los juicios tributarios iniciados con anterioridad al 1 de marzo de 2020, pero a los posteriores.