La actuación de la recurrida no puede calificarse de antojadiza o falta de razón, por lo que no concurre el presupuesto básico de procedencia de la acción de protección, siendo imperativo su rechazo, tanto por dictarse el Decreto Exento impugnado con base en antecedentes técnicos y económicos que fundaron el término de la contrata del recurrente, como por ser evaluada en su mérito la fundamentación por la Contraloría con ocasión de la reclamación deducida por el protegido, y arribar a la conclusión de que la decisión se encontraba debidamente motivada.

La necesaria determinación de labores implica que estas deben tener una misma naturaleza en la forma concreta en que se prestan dichas labores, lo que no se cumple desde el momento en que no se delimita la naturaleza del producto o género de productos que el trabajador ofrece, envasa y valoriza, lo que se ve ratificado en el hecho de que las labores se desarrollan en diferentes secciones especializadas dentro del supermercado.

La conducta desplegada por la trabajadora demandante, reconocida por esta, resulta perfectamente subsumible en la hipótesis de la letra a), del N° 1, del artículo 160 del Código del Trabajo, en tanto supone un quebrantamiento intencionado de la obligación de marcar asistencia al lugar de trabajo, respecto de la cual no puede sino tenerse conciencia de su carácter infractor.

No cabe duda que el acoplamiento de basura y escombros en un lugar no autorizado como depósito por la autoridad competente, realizado por una persona determinada, constituye una abierta vulneración al derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación.

Condenada padece una serie de enfermedades que, en la práctica, le impiden valerse por sí misma, y como es deber de los órganos del Estado respetar y promover los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, garantizados por la Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, corresponde ordenar el cumplimiento del saldo de la pena impuesta bajo el régimen de reclusión domiciliaria total.

En el fallo la magistrada María Alejandra Ríos Tellier acogió la demanda presentada, tras establecer la responsabilidad extracontractual del padre del adolescente de 13 años.

La reserva tiene como finalidad garantizar la protección de los derechos de las víctimas que declararon ante las Comisiones Valech, resguardando su integridad y seguridad, y evitando que sus testimonios sean utilizados en contextos ajenos a los previstos en la normativa de reparación y justicia transicional.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha sentenciado que la Comisión de Investigación Parlamentaria sobre el fenómeno de las mafias y otras organizaciones criminales había vulnerado la vida privada del «Gran Oriente de Italia contra Italia» al llevar a cabo un registro para obtener la lista de sus miembros en Calabria y Sicilia.

El reclamo de ilegalidad y/o arbitrariedad formulado por el recurrente se basa en la supuesta inexistencia de una ausencia injustificada durante seis meses. Sin embargo, esta pretensión colisiona con la normativa interna que regula la organización y funcionamiento del Club, razón por la cual la tutela solicitada no puede ser otorgada por esta vía ni en los términos planteados. Ello, debido a que la controversia radica en la interpretación divergente que las partes atribuyen a un precepto estatutario que las rige, evidenciando así la existencia de un derecho dubitado.

La intervención del suministro de agua potable en el domicilio de la recurrente, en atención a que ésta registraría deudas por concepto de gastos comunitarios imputables al anterior dueño de la parcela desde el año 2017, constituye un acto arbitrario e ilegal, toda vez que, se impide a la actora y a su grupo familiar, acceder a un nutriente esencial para la vida, mediante el ejercicio de actos de auto tutela proscritos por nuestro ordenamiento jurídico, afectando la garantía contemplada en el numeral 1° del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental.