La cuestión planteada involucra hechos controvertidos que requieren un análisis detallado de los antecedentes probatorios y la determinación de los eventuales derechos del recurrente, lo cual no corresponde sea resuelto en esta vía cautelar.

El hecho que la citada medicina no se encuentre considerada en la canasta GES no es un argumento para negar la cobertura respectiva. Los tratamientos considerados no tienen un carácter taxativo y cerrado, toda vez que es preciso considerar la posibilidad de cambios en los tratamientos relacionados con avances del conocimiento científico, en cuyo caso corresponderá la determinación finalmente a los profesionales tratantes, tal como ocurre en este caso.

Los gastos comunes ordinarios no son fijos, ya que varían mes a mes, especialmente los servicios de suministro y, en este caso, las remuneraciones del personal, que pueden cambiar no solo por una modificación legal del salario mínimo, sino también debido a los días trabajados, las horas extras, entre otras circunstancias. Esta variabilidad de los gastos comunes ordinarios es inherente a su naturaleza y, para solventarlos, se aplica la figura del prorrateo, de acuerdo a la parte que corresponde a cada unidad.

La intención legislativa, al momento de establecerse la obligatoriedad del informe previo de la COMPIN, fue que un organismo técnico estudiara los antecedentes del funcionario, a fin de determinar si su salud resulta o no recuperable, pronunciamiento que, al emanar del órgano técnico competente al efecto, resulta vinculante para el servicio público; y, en este sentido, de declararse que la salud es recuperable, no es posible aplicar la causal del artículo 151 del Estatuto Administrativo.

Sostuvo que la legislación no contempla la posibilidad de omisión de antecedentes penales en el registro de conductor, quedando supeditada la eliminación de tal registro a la supresión de las anotaciones prontuariales, hipótesis de hecho diversa a la que plantea el recurrente.

Lo concluido no se ve alterado por la renuncia voluntaria presentada por la funcionaria sancionada, como tampoco por la falta de ejecutividad de la sanción. Dichas circunstancias no excusan el deber de todo órgano del Estado de apegarse de modo estricto a la legalidad en la sustanciación de los procesos administrativos disciplinarios ni sanean los vicios constatados en su tramitación.

Resolvió que la situación fáctica del actor debe analizarse bajo la perspectiva del artículo 83 de la Ley N° 21.325 que señala: “La residencia definitiva quedará tácitamente revocada al ausentarse su titular del país por un plazo continuo superior a dos años, salvo que el interesado solicite, antes del término de dicho plazo, la prórroga de tal residencia ante el consulado chileno respectivo, la cual se otorgará por una sola vez y tendrá una vigencia de dos años”.

Resolvió que, al existir una vía especial en la Ley N° 19.733 para conocer y resolver el conflicto planteado por el recurrente, la acción constitucional en análisis carece de idoneidad.

Resolvió que la baja del recurrente se adoptó conforme a la normativa vigente, debido a la gravedad de los hechos, al ser detenido por conducir en estado de ebriedad y tras negarse a la prueba de alcoholemia, conducta que constituye una grave infracción las normas disciplinarias. Se consideró que la autoridad actuó de acuerdo con el Reglamento de Disciplina y Selección, y que se constató la evidencia de la falta sin ser necesario que el funcionario confesara su responsabilidad.

El artículo 60 del Decreto 49, que aprueba el Reglamento del Programa Fondo Solidario de Elección de Viviendas, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de abril de 2012, señala que: “En razón del subsidio recibido, la vivienda que se construya o adquiera de conformidad a este reglamento, deberá ser habitada personalmente por el beneficiario del subsidio y/o miembros de su núcleo familiar declarado al momento de su postulación, a lo menos durante cinco años contados desde su entrega material”.