“no se encuentra acreditado por quien acciona que sea titular de algún derecho de uso o de servidumbre que lo autorice para transitar por el camino objeto de estos autos”.

“no es óbice a lo anterior la no existencia de dineros para pagar remuneraciones y cotizaciones previsionales y de salud”, por cuanto “son dineros de propiedad de los funcionarios que les son descontados de sus remuneraciones mensualmente”.

“una amenaza a la integridad física de los vecinos del sector y una privación del derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, por lo que resulta procedente brindar una protección que les resguarde en sus derechos”.

“la parte recurrente solicitó y obtuvo copia del sumario administrativo oportunamente; asimismo, solicitó y obtuvo la apertura de un término de prueba en el mismo, rindiendo testimonial y documental y que, finalmente, la Vista Fiscal le fue debidamente comunicada”.

“La situación específica de que se trata, por su naturaleza, es propia de otros recursos o acciones, como son el jerárquico de la ley 19.880 o bien la reclamación judicial prevista en los artículos 503 y 504 del Código del Trabajo”, ya que en esas instancias “las partes pueden exponer sus argumentos y probar los hechos en conflicto”.

Sin que “la faculte para negarse a dicho pago por estimar que aquél no reúne el requisito del N° 1 del artículo 2° de dicha ley, como ocurrió en el caso de autos”.

La Corte de Apelaciones de Puerto Montt declaró admisibles sendos recursos de protección en contra de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Aysén, por la resolución exenta que calificó favorablemente el proyecto denominado “HidroAysén”. El arbitrio constitucional fue interpuesto por un grupo de senadores y diputados de distintas bancadas, junto a diversas […]

(…) la circunstancia de “que con anterioridad hayan existido pronunciamientos en sede de protección favorables a las pretensiones de los actores no es óbice para desestimar ahora un recurso de protección contra la Dirección de Vialidad”.

El organismo público informó que durante la ejecución de una obra pública fiscal sobre el terreno ya expropiado de las recurrentes, la inspección fiscal solicitó se diera inicio a un nuevo proceso expropiatorio en el inmueble debido a un error detectado en el trazado y que afectaba a una mayor superficie de terreno que la proyectada.

No correspondiéndole a las Cortes -en el contexto de una acción de naturaleza cautelar- asumir el “rol de adoptar decisiones que la ley asigna a órganos idóneos o expertos, erigiéndose como una instancia revisora que efectué una nueva evaluación ambiental del proyecto”, lo que “excede los márgenes de una acción como la intentada”.