“si la recurrente estima que el Banco ha excedido los términos del mandato debe ejercer las acciones que estime pertinentes, sin que proceda otorgarle por esta vía la cautela que pretende”.

“injustificada y carente de razón lógica la actitud de la recurrida”

“el descuento de remuneraciones que se aplicó a los recurrentes y a los trabajadores por ellos representados es ilegal”, toda vez que “se basa en disposiciones cuyos presupuestos de hecho no han sido comprobados, lo que redunda en la ilegitimidad de ejercicio de las resoluciones sancionatorias”.

La situación se originó luego de que una interna del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Rancagua dedujo acción de protección en contra de una paramédico de ese recinto que, sostuvo, la ha indispuesto con otras internas lo que llevo a que sufriera amenazas. La Corte de Apelaciones de Rancagua acogió la acción constitucional, al determinar […]

(…)la protección es “un medio expedito y eficaz para prestar inmediato amparo al afectado” y no constituye “un juicio declarativo de derechos”.

(…)la interposición del recurso de protección, “atendido el origen constitucional de la acción y su naturaleza eminentemente cautelar”, exigía que éste se hubiera “deducido directamente” contra el rechazo de la “Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez”, puesto que ello no obsta a que paralelamente “se intentara su impugnación a través de la vía administrativa”.

“no se encuentra acreditado que quien acciona sea titular de algún derecho de uso o de servidumbre que lo autorice para transitar por el camino…»

Los recurridos informaron que los hechos habrían ocurrido dentro de su propiedad, pues al concurrir al sector se percataron que habían cerrado parte de su predio en una extensión de cinco hectáreas.

No se está en presencia “de un derecho indubitado”, pues no resulta posible “establecer como hecho de la causa la existencia del proyecto ya referido”, que constituye el supuesto que le permitiría “exigir que se le proporcione la información que alega omitida, más si se considera que el recurrido señala que ese proyecto no existe”.

(…)los “descuentos de sus emolumentos son excepcionales”, de forma tal “que todo aquel que no sea obligatorio, tales como impuestos, cotizaciones y aquellos establecidos expresamente por ley, son voluntarios, lo que significa que deben contar con una autorización expresa del funcionario respectivo y quedan sujetos al límite del 15% de la remuneración”.