El retardo constituye una vulneración del deber de celeridad que deben observar los órganos de la Administración del Estado y una infracción al plazo previsto en el artículo 27 de la ley 19.880.

La necesidad de dar la correspondiente prioridad y celeridad a las causas que tratan de imputados adolescentes no se respeta si se extiende la audiencia de revisión de internación provisoria por la razón de que otro coimputado, también adolescente, tenía fijada una audiencia para esa fecha.

El certificado acompañado a este recurso, que da cuenta de una atención de urgencia de la amparada, el mismo día de la audiencia, se habría realizado en horario posterior de la celebración de ésta, sin que dé cuenta de alguna imposibilidad física o psíquica grave que justifique su inasistencia a la audiencia, refiere el voto en contra.

Se accedió a un aumento de 30 días de plazo, aun si con ello se superaba el término establecido por el legislador por estimarse más beneficioso para la defensa de los coimputados y entendiendo que no existía riesgo procesal grave para las personas en cuyo favor se recurre, ya que ellas pueden solicitar la revisión de sus medidas cautelares en cualquier momento, informó el recurrido.

A la dupla psicosocial del Hospital actualmente le restan por realizar algunos trámites a este respecto, sin embargo, todos ellos se refieren al actuar de la madre y el padre de la niña, y no respecto de la tía, quien ya fue evaluada favorablemente por dicha dupla y respecto de quien ambos padres están de acuerdo en que se le conceda el cuidado provisorio de la niña.

Lo anterior, ya que se debe considerar la historia de vida del ciudadano haitiano, esto es, encontrarse inserto laboralmente en Chile, no tener antecedentes penales, contar con los medios económicos suficientes para subsistir y no haber tenido reproche alguno durante los 8 años que lleva en el país.

El Juez debe informar dicha situación a la Tesorería General de la República, puesto que es éste el organismo encargado de realizar los cobros en beneficio del Fisco.

En fallo unánime la Corte de Apelaciones había desestimado la acción constitucional al establecer que la acción constitucional que otorga el artículo 21 de la Constitución no es la vía idónea para impugnar la resolución administrativa adoptada por Gendarmería, ya que ello corresponde sea abordado mediante otra acción cautelar de rango constitucional.

El máximo Tribunal estableció el actuar ilegal al decretar la prisión preventiva del amparado sin que se haya resuelto la querella de capítulos deducida en su contra.

Los viajes, por lo regular, importan acrecentar el bagaje cultural de una persona, en especial, como en este caso, tratándose de una menor de edad.