Los argumentos del recurrente deberán ser objeto de una incidencia que aún se encuentra pendiente de resolver, y el apremio, además, fue despachado en el año 2023, informa el recurrido.

La afectada actualmente estudia, sus padres se encuentran en Chile con residencia definitiva y, de acuerdo a su edad, sigue siendo carga de sus progenitores, por lo que la ejecución de la expulsión ocasionaría un daño a la unidad familiar.

La recurrida puso término al beneficio de la salida dominical que gozaba el amparado, medida adoptada no por infracción al Decreto Ley 321 o al Decreto 518, sino que, en mérito del Oficio Circular de la Dirección Nacional de Gendarmería, donde se impartieron instrucciones para la aplicación de las modificaciones al DL 321, lo cual no tiene mérito ni fuerza legal para instruir el cese de derechos que tengan los sentenciados a beneficios ya obtenidos.

No existe duda que, dada la concesión del beneficio, el actor cumplía con los requisitos para acceder al visado solicitado, y por ello pudo descargar el estampado electrónico en comento, por lo que impedir su ingreso priva, perturba o amenaza su derecho a la libertad personal y seguridad individual.

Resulta necesario contar con el antecedente pedido por el juez sobre todo para cumplir con el mandato del artículo 20 de la Ley 20.084 en relación a finalidad y naturaleza de la sanción de manera que esta resulte idónea para la reinserción social de las adolescentes y para cumplir con los objetivos que persigue esta regulación especial, refiere el voto en contra.

La misma resolución que se pretende dejar sin efecto por esta vía fue objeto de impugnación por medio del recurso procesal pertinente al efecto, esto es, un recurso de apelación, en cuyo conocimiento se confirmaron los apremios que se pretende dejar sin efecto por esta vía constitucional.

No se trata de un detalle o de un formalismo, se trata del acto que debe ser sancionado, y este acto no está descrito en la propuesta de sanción.
La circunstancia de estar privados de libertad, con todo lo que ello implica tanto en lo formal, como en lo material que incluye una “cultura penitenciaria” particular, no impide que los internos gocen de las garantías mínimas de un debido proceso o procedimiento racional y justo frente a denuncias que pudieren afectar sus derechos.

El requirente alega que el precepto legal objetado infringe el debido proceso y el principio de seguridad jurídica, desde que a pesar de que el máximo Tribunal incurrió en faltas y abusos graves, la norma objetada le impide recurrir en contra de la sentencia dictada en alzada.

Lo anterior, ya que la ampliación de plazo de investigación constituye un hecho distinto y no relacionado con la medida cautelar que afecta al imputado.

La acción de protección constitucional de amparo no tiene por objeto enmendar o corregir eventuales vicios o defectos producidos en la tramitación de un procedimiento judicial.