La acción de amparo no es la vía idónea para solicitar que se deje sin efecto la resolución impugnada, lo que se debe solicitar a través de la vía procesal conforme al artículo 69 del Código de Procedimiento Civil.

De acuerdo a la normativa nacional e internacional no puede ponerse en dudas que el Estado, a través de Gendarmería y de los Tribunales de Justicia, tienen la obligación de respetar y proteger los derechos humanos de las personas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios, especialmente respecto de aquellos que padecen enfermedades graves, y le corresponde a un juez de garantía adoptar las medidas que pudieren resultar posibles.

No puede ser perjudicado en su proceso de reinserción social con medidas administrativas que se apartan de lo dispuesto en el Decreto 943, que aprueba el Reglamento que Establece un Estatuto Laboral y de Formación para el Trabajo Penitenciario.

Mantener el cumplimiento efectivo de la pena impuesta a la amparada en un recinto carcelario, puede generar graves perjuicios para el desarrollo y vida futura de su hijo, lo que obliga a esta a Corte a adoptar medidas con la finalidad de cumplir con las convenciones internacionales a las que el Estado adscribió.

No existió la posibilidad cierta de habérseles juzgado conjuntamente.

Si los antecedentes aportados por la defensa se estimaron insuficientes por la magistratura de base se debe elaborar una pericia psiquiátrica.

No obstante lo anterior, previo a la adopción de la resolución que en Derecho corresponda por parte del Ministro Instructor, debe ser oída la defensa del amparado, con el fin de que haga valer todos los antecedentes que estime pertinentes.

El delito se habría cometido a las 15:50 horas y el reconocimiento se realizó después de las 22:08 horas de ese día, estando el imputado ya detenido por un motivo diverso. Además, no consta que la víctima antes del reconocimiento consignara las características de las personas a quienes le atribuyó la comisión del ilícito.

La adolescente es carga de sus progenitores, por lo que la ejecución de la resolución ocasionaría un daño que perturbaría la unidad familiar, afectando lo dispuesto en el artículo 1° de la Constitución, que establece que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, siendo deber del Estado darle protección así como propender a su fortalecimiento.

De lo contrario, significaría darle competencia impropia a una Corte de Apelaciones respecto de otra, lo que afectaría eventualmente el diseño procesal sobre reglas de competencia, entre las que se cuenta las relativas al grado y jerarquía lo que puede subvertir el mandato contenido en el artículo 7 de la Constitución.