Acogió recurso de amparo interpuesto por el INDH y estableció que se infringe el artículo 7° de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el artículo 10 N°1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y las Reglas Mínimas de la Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, como así también la garantía del artículo 19 N°7 de la Carta Fundamental.

La Corte Suprema revocó la sentencia apelada por falta de fundamentación al rechazar la solicitud de declaración de prescripción gradual de la pena impuesta al amparado, situación que autoriza a otorgar el amparo constitucional, por aparecer de manifiesto que la resolución impugnada carece de fundamentos que justifiquen su decisión.

La vía procesal para solicitar la prescripción o media prescripción de la pena, es el recurso de apelación ante el Tribunal Superior, y no la vía constitucional del amparo, informó el recurrido.

No se trata de una mera precisión que se hace de la participación de los amparados, no es una simple “coordinación” o “armonización” de las distintas formalizaciones, sino que directamente se le atribuye a una de ellas haber realizado desde varios meses antes una serie de acciones en relación al delito, no contenidas en la formalización inicial.

Desestimar el “abono heterogéneo” impetrado por la defensa del sentenciado resulta ajustado a la normativa que la rige, sobre todo si se tiene en cuenta que en la causa fue absuelto con mucha anterioridad a la perpetración del hecho por el cual fue condenado en la actual causa, refiere el voto en contra.

No consta que se hayan agotado las consultas a otras instituciones u organismos públicos donde podría figurar el domicilio del amparado, como Servel, Servicio de Impuestos Internos.

Ha sido posible para la defensa del amparado la formulación de diversas acciones compatibles con el ejercicio de la defensa jurídica del mismo, sin que surja un cuestionamiento evidente a las condiciones en virtud de las cuales se ha decretado la medida cautelar de prisión preventiva.

Se configuraba una activa intervención del imputado en la obtención de recursos; como en el mecanismo de respaldo e incorporación de numerosos documentos mercantiles aparentes, los que fueron cuestionados formal como ideológicamente.

A través de una acción como la de la especie, no puede pretenderse que se subrogue una decisión jurisdiccional precedida de debate. Ergo, se persigue por esta vía modificar una resolución emitida por el tribunal de ejecución competente.

La decisión impugnada omitió un trámite expresamente mandatado por la ley, que derivó en una restricción ilegal de la libertad del amparado.