El máximo Tribunal estableció el actuar ilegal al decretar la prisión preventiva del amparado sin que se haya resuelto la querella de capítulos deducida en su contra.
Los viajes, por lo regular, importan acrecentar el bagaje cultural de una persona, en especial, como en este caso, tratándose de una menor de edad.
El imputado no ha tenido contacto con el abogado defensor ni con la Curadora Ad Litem designada, por lo que la defensa no cuenta con las herramientas para asegurar que el acusado se presente a juicio y su petición consistente en mantener el proceso en suspenso de manera indefinida, informó el recurrido.
El máximo Tribunal consideró que la privación total de libertad en su domicilio del imputado, dadas su actual estado de salud, garantiza los fines de procedimiento y la seguridad de la sociedad y la víctima.
La presencia de efectivos policiales en el Hospital, no se fundamenta en una vigilancia a ella, sino porque la normativa de estos recintos asistenciales así lo exigen.
El amparo no es una vía idónea para resolver lo solicitado, considerando que existe un recurso de apelación pendiente respecto de la misma resolución que se impugna, refiere el voto en contra.
La decisión en ese contexto resulta ilegal, no estando demorada o dificultada su comparecencia en los términos del artículo 127 inciso primero del Código Procesal Penal.
En el caso puntual, la juez de la instancia no cumplió con lo antes indicado, sino que, por el contrario, decretó de inmediato el apremio por 33 días, decisión que, a la luz del precepto normativo antes indicado, resulta ilegal.
Lo anterior, ya que se ve afectada la posibilidad que le asiste de postular al beneficio de libertad condicional, por cuanto los hechos que originan la sanción no son de aquellos que alteren el régimen penitenciario al tenor del artículo 76 del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios.
Aun cuando no se hayan incorporado elementos de arraigo al momento de formular los descargos, ellos sí se han incorporado a esta acción constitucional, por lo que a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley N°21.325 y al principio de protección de la familia, se estima prudente acoger la acción.
