El artículo 26 del Código Procesal Penal, en cuanto a la obligación de señalar domicilio en el procedimiento, que en este caso recae sobre el imputado, tiene como consecuencia, en caso de incumplimiento, que las resoluciones que se dictaren en lo sucesivo se notificarán por el estado diario, apercibimiento que debe ser contenido en la propia resolución que ordena complementar el domicilio y no otorga, en cambio, la facultad de despachar orden de arresto, como ocurre en la especie.

Existen antecedentes que dan cuenta de la peligrosidad de la amparada respecto de sí y terceros, lo que se advierte también con los requerimientos que la víctima efectuó ante el Ministerio Público solicitando la internación provisional.

La causal de peligro para la seguridad de la sociedad igualmente decae teniendo a la vista que anteriormente no se consideró que su libertad era peligrosa.

El máximo Tribunal desestimó ilegalidad en la resolución impugnada Rol N°982-2024 dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que ordenó la prisión preventiva del recurrente.

El plazo para deducir el recurso apelación, que constituye la vía ordinaria de impugnación, se encuentra pendiente, razón por la que no es procedente admitir a tramitación el presente arbitrio.

Al momento de decidir sobre la aplicación de la institución del abono heterogéneo, se debe apuntar al tiempo que una persona estuvo privada de libertad sin que finalmente se la haya condenado, cualquiera sea la forma de término de dicha investigación.

Acogió recurso de amparo interpuesto por el INDH y estableció que se infringe el artículo 7° de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el artículo 10 N°1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y las Reglas Mínimas de la Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, como así también la garantía del artículo 19 N°7 de la Carta Fundamental.

La Corte Suprema revocó la sentencia apelada por falta de fundamentación al rechazar la solicitud de declaración de prescripción gradual de la pena impuesta al amparado, situación que autoriza a otorgar el amparo constitucional, por aparecer de manifiesto que la resolución impugnada carece de fundamentos que justifiquen su decisión.

La vía procesal para solicitar la prescripción o media prescripción de la pena, es el recurso de apelación ante el Tribunal Superior, y no la vía constitucional del amparo, informó el recurrido.

No se trata de una mera precisión que se hace de la participación de los amparados, no es una simple “coordinación” o “armonización” de las distintas formalizaciones, sino que directamente se le atribuye a una de ellas haber realizado desde varios meses antes una serie de acciones en relación al delito, no contenidas en la formalización inicial.