El amparado ha consolidado su residencia en el país, a través de actividades remuneradas, como consta del certificado de cotizaciones, como también cuenta con arraigo familiar junto a su cónyuge y dos hijos, lo que demuestra que durante su estadía se ha dedicado a actividades exentas de reproche.

En el evento de materializarse la detención, será compelido a la presencia judicial para los efectos de realizar una diligencia que no puede tener la aptitud de restringir o afectar sus garantías fundamentales.

Aunque está formalizado por delitos de amenazas, lesiones leves y porte de arma de fuego y municiones prohibidas, atendida su condición, existen otras medidas cautelares de las previstas en el artículo 155 del Código Procesal Penal que también pueden asegurar los fines del procedimiento.

El artículo 127 del Código Procesal Penal permite la medida cautelar decretada para asegurar la presencia del imputado, sin previa citación, cuando de otra manera la comparecencia pudiera verse demorada o dificultada.

La decisión que se cuestiona por esta vía, se encuentra debidamente motivada en aspectos de hecho y derecho, por lo que aquello que la defensa alega como amenaza a la libertad personal y seguridad individual, es una diferencia de opinión respecto a la ponderación de los antecedentes facticos y jurídicos.

Se verifica que el amparado mantiene en la actualidad una orden de aprehensión y un arraigo de pleno derecho dispuestos en la causa del Segundo Juzgado Militar de Santiago.

La acción constitucional de amparo no aparece como la vía procesalmente idónea para plantear una solicitud como la que se pretende, si precisamente el procedimiento fijado por la ley procesal penal contempla mecanismos de impugnación de lo resuelto por el tribunal de primer grado.

El artículo 186 del Código Procesal Penal nada dice sobre un presunto derecho del investigado y formalizado a conocer si existen otras investigaciones en su contra, que pudieren dar lugar a reformalizaciones o nuevas formalizaciones, informó el recurrido.

Todo ser humano es dueño de su propia vida y es libre para decidir el curso de la misma, pudiendo utilizar su cuerpo como mecanismo de protesta, incluso si esto lo conduce a la muerte. El derecho a la vida que protege nuestra Carta Fundamental no puede ser utilizado en contra de su legítimo titular para obligarlo a ingerir alimentos. Pretender que el Estado puede forzar a una persona a vivir deja al derecho a la vida desprovisto de su contenido de libertad y constituye un trato incompatible con la dignidad del ser humano, refiere el voto en contra.

La medida no se aparta de los fines del procedimiento, puesto que éste tiene por objeto, entre otros, determinar la persona que habría cometido el delito investigado, identidad que en este caso se desconoce, porque el imputado no exhibió documento alguno que acreditara su identidad, refiere el voto en contra.