Aun cuando dicho informe no es del presente año, no se puede desconocer que la enfermedad mental de una persona con esquizofrenia es progresiva con el desarrollo del tiempo.
Mantener su prisión preventiva constituye una infracción grave al ordenamiento jurídico, por vulnerar derechos fundamentales y tratados internacionales que garantizan que las personas con discapacidad mental no pueden ser privadas de libertad, por lo que ninguna deficiencia del Estado puede justificar la mantención de personas con discapacidad mental en establecimiento penitenciarios, reza la prevención del ministro Zepeda que estuvo por reemplazar la internación provisional por arresto domiciliario total.
Sumar todas las penas para establecer una única condena a efectos de postulación a beneficios intrapenitenciarios y a la libertad condicional, cuenta con respaldo normativo en la Providencia N°2131/2024 y el Dictamen N°53.843/18 de la CGR, informó Gendarmería.
Aun cuando se trate de un certificado médico y no de una licencia médica, no corresponde a la juez cuestionar la validez del mismo, ni el reposo ordenado, toda vez que fue decretado por un facultativo en ejercicio de su profesión.
Los principios rectores de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente exigen que el despacho de arbitrios como el que se recurre, estén debidamente fundados y agotados los medios no compulsivos de citación y comparecencia, lo que no se verifica en la especie.
Lo anterior aunque el imputado no se haya presentado al SML para ser evaluado tras haberse suspendido el procedimiento por posible enajenación mental, ya que ordenar la reapertura de la causa sin la presencia de su curador ad litem importa una falta al debido proceso y afecta la libertad personal y/o seguridad individual.
La actuación de Gendarmería afecta el derecho a la libertad personal del amparado, por cuanto le impide seguir gozando de el o los beneficios intrapenitenciarios.
El tribunal ordenó medidas alternativas, incluyendo arresto domiciliario total, arraigo nacional y supervisión por el Servicio de Reinserción Social Juvenil, considerando la vulneración de derechos de la imputada y su hijo bajo las normas internacionales de derechos humanos.
La Corte Suprema ratificó la decisión de rechazar el recurso de amparo presentado por la defensa de Cathy Barriga, exalcaldesa de Maipú, quien buscaba invalidar la audiencia que reformalizó la investigación en su contra y decretó su prisión preventiva. El fallo unánime confirma las acusaciones de falsificación reiterada de instrumentos públicos, vinculadas a la entrega de información presupuestaria falsa entre 2017 y 2020.
La expulsión fue ilegal, refiere una prevención, ya que, de conformidad a la normativa vigente de esa época, solo se permitía dicha medida para extranjeros procesados por crímenes o prófugos de la justicia por delitos no políticos, condiciones que no se cumplían para el caso de la amparada.
