No procede alterar el fallo en perjuicio del amparado, entender lo contrario sería desconocer el principio “reformatio in peius”, el cual constituye un principio rector en materia penal.

El certificado médico por ansiedad y trastorno del sueño que presentó no es causa suficiente para ausentarse de la audiencia. Mientras el voto en contra refiere que la comparecencia del imputado a la audiencia de preparación de juicio oral no resulta necesaria ni constituye un requisito de validez, de manera que la orden de detención aparece desprovista de razonabilidad.

Más aún a partir de la modificación introducida a la Ley N°18.216 por la Ley N°20.603, que sustituyó el régimen de beneficios para el cumplimiento de las penas por sanciones propiamente tales de cumplimiento alternativo a penas privativas o restrictivas de libertad.

Consta que la medida de arraigo nacional se encuentra vigente en los sistemas informáticos, pero sin causa ni oportunidad en el mundo del derecho, cuestión que amaga la garantía de libertad ambulatoria que la Constitución.

El artículo 100 del Código Penal no precisa ni tampoco identifica las pruebas idóneas para acreditar la ausencia del territorio nacional, sino únicamente mandata acreditarla, y la acción constitucional de amparo no es la vía idónea para abordar esta controversia, toda vez que en esa sede no se está en condiciones para valorar la prueba rendida por las partes, pues no la conoce directamente.

El deber de fundamentación de las resoluciones judiciales en conformidad con las normas que regulan la materia, en el caso, la concurrencia de los presupuestos de las letras a), b) y c) del artículo 140 del Código Procesal Penal, que haga procedente la medida de prisión preventiva, fue cumplido cabalmente por la Corte de Santiago.

Tratándose de solicitudes de revocación de la medida cautelar de prisión preventiva y en tanto ellas, pueden plantearse en diversas oportunidades durante la substanciación del proceso penal, el tribunal no puede exigir antecedentes en forma previa que justifiquen la solicitud de revocación. Debe resolver de plano o en audiencia, pero no puede omitir pronunciamiento y aludir a una providencia pretérita en que se incurrió en el mismo yerro para justificar la no emisión del dictamen que se le requiere.

Al declarar abandonado el recurso de nulidad, se soslayan las actuaciones sucesivas que realizó el profesional que lo dedujo en las distintas etapas del procedimiento y que, por ende, evidencian la voluntad del acusado de ser representado en estos autos. El amparo se dedujo ante la misma Corte en contra de la resolución de otra Sala que declaró abandonado el recurso de nulidad.

La decisión recurrida por vía de amparo fue adoptada por el Juzgado competente, en el ejercicio de sus atribuciones y potestades jurisdiccionales, en audiencia pública, a solicitud del amparado y con oposición del Ministerio Público.

La orden detención despachada, fue emitida en audiencia, a solicitud del Ministerio Público, y previo debate de los intervinientes, por autoridad competente, dentro de la esfera de sus atribuciones.