No es posible a través de la presente acción constitucional, lograr crear una nueva instancia de revisión de los antecedentes que rodearon la decisión de la jueza a quo, más aún cuando el actor ya ejerció los remedios procesales que la ley procesal penal entrega.

La Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago actuó dentro de su competencia y en el ejercicio de sus facultades legales.

La medida cautelar en contra del amparado ha sido dictada en el marco de un proceso legalmente tramitado, por un tribunal facultado para decretarla, en el que el recurrente incluso ha hecho valer los recursos procesales ordinarios que la norma adjetiva le otorga, confirmándose dicha resolución en alzada.

El actuar del tribunal vulnera los derechos fundamentales establecidos en la Constitución, los Tratados Internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, especialmente la Convención de los Derechos del Niño y los principios inspiradores de la Ley N°20.084.

La recurrida se constituyó en una comisión especial, pues decidió cambiar el candado de la puerta de ingreso al piso 17 y consecuencialmente clausurar la entrada a la azotea del edificio de que se trata, al margen de un procedimiento racional y justo.

El estatuto de responsabilidad penal adolescente contemplado en la Ley N° 20.084 consagra fines de resocialización y reinserción del joven infractor, en tanto que la medida cautelar aspiraba a garantizar su comparecencia a los actos del procedimiento.

No puede el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, aplicar una atenuante de responsabilidad, que requiere sea acreditada, en un juicio oral, público, contradictorio.

La discusión se limita a la necesidad o proporcionalidad de la medida cautelar impuesta, en atención a los antecedentes del amparado, a la dinámica de los hechos y la participación que en ellos corresponde al mismo.

La magistrada recurrió, previa solicitud del Ministerio Público, a la figura cautelar prevista en el inciso 1° del artículo 127 del Código Procesal Penal, razón por la cual no se avizora conculcación ilegal al derecho a la libertad personal y seguridad individual del amparado.

La notificación por el estado diario de su citación a la audiencia de juicio no pudo tener el efecto deseado dado que carece de validez y en consecuencia la orden de detención decretada al amparo del artículo 33 del Código Procesal Penal resulta ilegal, por cuanto el imputado no estaba válidamente notificado.