La solicitud no será acogida mientras no aclare su situación prontuarial acompañando los antecedentes que den cuenta del estado en que se encuentran las causas, informó el Registro Civil.

Extranjeros se encuentran habilitados para hacer egreso del territorio nacional, sin embargo, para el evento de querer reingresar al país requieren contar con un certificado de haber presentado la solicitud de permanencia definitiva en trámite, en los términos del artículo 38 inciso segundo de la Ley 21.325.

Es preciso tener en cuenta que la racionalidad y justicia que el constituyente ha determinado como deseables de todo procedimiento, en el inciso sexto del numeral tercero del artículo 19 de la Carta Fundamental, incluyen la garantía a ser juzgado dentro de un plazo razonable.

Se ha evidenciado que se ha afectado la libertad personal y seguridad individual del amparado, por lo que el traslado del condenado en la forma en que ha sido dispuesta importa un desarraigo y la afectación de sus derechos.

La Segunda Sala del tribunal de alzada dio lugar a la acción constitucional, tras establecer que el recurrente cumple con todos los requisitos legales, exigibles a la época de la condena, para cumplir el saldo de la pena impuesta en el medio libre.

Las sentencias dictadas en procedimiento simplificado con admisión de responsabilidad y las sentencias de procedimiento abreviado se dictan en forma verbal, a diferencia de las sentencias de juicio simplificado efectivo y las dictadas por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, que se dictan por escrito, informó el recurrido.

La discusión de los abonos para la condena impuesta no podría materializarse sin la presencia de la sentenciada, informa el recurrido.

En definitiva, la naturaleza jurídica del derecho penitenciario es una situación que está lejos de ser zanjado. En efecto, tendemos observar en la jurisprudencia de nuestras diversas Magistraturas que existe una propensión por reconocer su naturaleza administrativa, pero no deja de existir aquella doctrina minoritaria que intenta mantener el espíritu penal sobre este derecho, con el propósito principal de extender las garantías penales de esta última ratio, a fin de que los distintos penados puedan verse favorecidos más pronto que tarde, por alguno de los beneficios intrapenitenciarios que contempla nuestro actual sistema.

La resolución objeto de este recurso fue dictada por Juez competente, dentro de los casos previstos por la ley, cumpliendo con las formalidades legales establecidas para tales efectos.

Corresponde al Estado garantizar los derechos de las personas privadas de libertad, entre los que se encuentra el derecho a la salud física y mental, lo que en este caso se incumple por cuanto se mantiene a la amparada sujeta a la medida cautelar de internación provisional en un centro que no cuenta con las capacidades para atender su patología mental, cuando el tribunal ya decretó la suspensión del procedimiento