El amparado fue traslado del Complejo Penitenciario de Valparaíso al de Valdivia, atendido que se negaba a entrar a los módulos que se le asignaban. No obstante, atendido el perfil criminológico y comportamiento, resulta posible trasladarlo al Centro de Detención Preventiva Santiago Sur, informó la recurrida.

No se vislumbra afectación o atropello a los derechos de la amparada ni a la garantía constitucional protegida por la acción de amparo constitucional, ya que, de los antecedentes, la amparada y su hija han recibido y están recibiendo un trato acorde a su situación.

En la región no hay oferta programática de residencia que cubra el perfil del adolescente de autos, por lo que el Director Regional ha debido coordinar la búsqueda de dicha oferta fuera de la región, territorios en los que no tiene facultades para ordenar derechamente el cupo solicitado.

La Primera Sala del tribunal de alzada no hizo lugar a la acción constitucional impetrada, tras establecer que la resolución impugnada fue dictada por tribunal competente y en el ejercicio de sus competencias legales.

Sobre todo considerando las graves consecuencias que conlleva la orden de hacer abandono del país, ya que el amparado ha acompañado antecedentes que demuestran su arraigo familiar y social.

Además, el amparado goza de arraigo en el territorio nacional, dispone de un contrato de trabajo; su madre y hermano viven en Chile y gozan de residencia definitiva; y reside junto a su pareja e hija, la primera con residencia temporal y la segunda asiste al colegio.

Tanto la autoridad penitenciaria y el juez a quo obraron con mérito para solicitar y decretar el traslado contra el que se reclama, atendido el número y gravedad de los ilícitos por los que fueron formalizados ambos amparados, circunstancia que permite también descartar algún tipo de arbitrariedad.

Lo anterior, a fin de que no se le prive de condiciones, facultades o derechos con los que actualmente cuenta como privado de libertad.

Los tiempos de privación de libertad correspondientes al proceso en el que se dicta sentencia condenatoria, deben necesariamente ser abonados al cumplimiento de la pena impuesta, independiente de la modalidad de cumplimiento determinada para la misma.

Se le sustituyó al amparado la pena privativa de libertad por la expulsión del territorio nacional por el lapso de 10 años, cuya ejecución debía realizarse en el plazo de 120 días corridos, pero la PDI ninguna medida ha adoptado para cumplir con la orden de expulsión en el plazo otorgado, justificando su omisión en que no le habría sido remitida la nómina por Gendarmería.