Pudiendo recurrir de apelación contra la resolución, la defensa no lo ha hecho, siendo aquel debate el ámbito procesal en que estos sentenciadores estarían facultados para realizar una ponderación de las particulares circunstancias personales de cada uno de los amparados, como pretende la recurrente.

La negativa a la renovación del pasaporte deja al amparado en una situación de permanencia forzada en el extranjero y, paralelamente, un impedimento para su ingreso al territorio nacional, sin sustento en el ordenamiento jurídico.

La cautelar de internación provisional sólo resulta procedente cuando previamente se ha dispuesto la suspensión del procedimiento.

Si el reposo obedece a la salud mental, no puede ser ordenado por un médico general, carente de formación propia de la especialidad, refiere el voto en contra.

La Segunda Sala del máximo tribunal estableció el actuar arbitrario del tribunal del grado al rechazar la revisión de la condena, sin atender a la dictación del nuevo artículo 8 de la Ley 20.000, que dejó sin sanción penal el cultivo de drogas para fines medicinales.

El Registro Civil no ha cometido acto ilegal, puesto que se ha limitado a aplicar lo previsto en el artículo 32 de la Ley N°14.908, tras su modificación por la Ley N°21.389.

La no postulación encuentra fundamento en que el amparado fue condenado, entre otras, a dos penas por dos delitos de tráfico ilícito de estupefacientes, de modo que aquel debe reunir los dos tercios de las referidas condenas, informa Gendarmería, mientras que el amprado sostiene que basta que haya cumplido 10 años como mínimo.

Gendarmería adoptó las medidas de resguardo necesarias, disponiendo su traslado a otra dependencia del mismo penal, sin embargo, no se pronunció respecto de la solicitud de traslado planteada por la recurrente.

La Corte debió señalar cuales fueron los antecedentes calificados que existían para modificar o variar los criterios previos que se tuvieron en consideración para decretar la prisión preventiva mutando la causal de peligro de fuga a peligro para la seguridad de la sociedad.

Si bien en la legislación nacional no hay precepto que autorice expresamente la sustitución, las razones que motivan la solicitud de la amparada deben atenderse por mandato de la Constitución, en cuanto es deber de los órganos del Estado respetar y promover los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, garantizados por la Constitución, “así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.