La PDI se encuentra facultada para remitir aquella información en virtud del Convenio de Colaboración entre el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial, suscrito por Chile.

La Novena Sala del tribunal de alzada consideró que hubo actuar arbitrario al aplicar la sanción por hechos anteriores a la dictación de ley.

No existe obligación de interpretar la legislación penal siempre en un sentido favorable al imputado, ya que ello iría en contra de lo dispuesto en el artículo 23 del Código Civil, refiere el voto en contra.

La sanción que arriesga el acusado se encuentra en el margen de los 10 años, por consiguiente, existe peligro de fuga a su respecto y, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley N°20.084, resulta ser la norma supletoria que debe aplicarse en este caso, respecto de la medida cautelar de internación provisoria que necesariamente debe ser anticipada, refiere el voto en contra.

La decisión fue dictada por autoridad facultada al efecto, quien actuó dentro de la esfera de su competencia y en las hipótesis que establece la preceptiva del ramo de conformidad al artículo 145 del Ley General de Urbanismo y Construcciones.

Corresponde previamente disipar las consecuencias que tendría el informe referido en relación con las medidas apremio, por lo que estas medidas deben entenderse suspendida por el propio Tribunal.

En fallo dividido, la Quinta Sala del tribunal de alzada no hizo lugar a la acción constitucional presentada por el abuelo materno, tras establecer que el tribunal obró en ejercicio de sus facultades dentro del ámbito de su competencia, pues la madre ya había incumplido el régimen de visitas en reiteradas oportunidades.

Se trata de una persona que goza de situación migratoria regular en el país y mantenía el certificado de residencia definitiva en trámite.

La resolución se encuentra ajustada a derecho y ha sido dictada por tribunal competente dentro del marco de sus atribuciones y sin incurrir en ilegalidad alguna a la luz de lo dispuesto en el artículo 142 del Código Procesal Penal.

Además, ha sido dispuesta por tribunal incompetente, lo que supone como corolario la ilegalidad de la resolución que se impugna por este arbitrio judicial.