La decisión impugnada, en este caso, no es una sentencia definitiva que ponga término al juicio, sino una que dispone la manera o forma en cómo la pena impuesta al sentenciado debe cumplirse, de modo que se encuentra dentro de la hipótesis consagrada en el artículo 79 del Código Penal, en cuanto tal decisión es revisable en sede de apelación, y mientras la resolución no se encuentre ejecutoriada no puede decretarse su cumplimiento.

No existe ninguna conducta ilegal por parte de la autoridad migratoria, quien actuó dentro de sus competencias, refiere el voto en contra.

No puede dejar de observarse la existencia de arraigo familiar en este país, lo que lleva a concluir que los fundamentos esgrimidos por la autoridad carecen de razonabilidad y proporcionalidad frente a las circunstancias y, sopesando la afectación que ello genera en el derecho a la libertad personal del amparado, garantizado por la Constitución.

El juez a quo ha dispuesto una orden de detención, sin configurarse los presupuestos facticos para aquello, dado que no se cumplen los requisitos del inciso penúltimo del artículo 127 del Código Procesal Penal, careciendo, en consecuencia, la resolución de bases racionales para privar de libertad al amparado.

La resolución impugnada fue dictada por tribunal competente y en uso de las potestades legales establecidas en el artículo 127 inciso primero del Código Procesal Penal, refiere el voto en contra.

La aplicación del artículo 141 del Código Procesal Penal a un imputado adolescente, no se hace por analogía como lo postula la defensa, sino con estricto apego a la aplicación supletoria que consagra el artículo 27 de la ley 20.084.

Ninguna de las circunstancias alegadas fueron expuestas en su oportunidad ante el Juzgado de Familia donde se tramita la causa de cumplimiento de alimentos, por lo que no pudieron ser consideradas.

El monto fijado por concepto de alimentos provisorios excedería el 50% de los ingresos brutos de la pensión que percibe el amparado por parte de DIPRECA.

Debe tenerse en especial consideración el arraigo familiar que tiene la amparada en Chile, toda vez que tiene a su madre quien cuenta con residencia definitiva, por lo que debe primar en este caso el principio de reunificación familiar y de protección de la familia.

Mantener la ejecución de la condena de la amparada en el interior de un recinto carcelario, puede ocasionar perjuicios para el desarrollo y vida futura de su hijo, por lo que se afectan garantías constitucionales, refiere el voto en contra.