El artículo 52 de la Ley N°20.084 establece que, si el adolescente no diere cumplimiento a alguna de las sanciones impuestas en dicha ley, el tribunal encargado del control de la ejecución podrá sancionar el quebrantamiento de la libertad asistida especial por internación en régimen semi cerrado con programa de reinserción social.

Lo anterior, sin perjuicio de remitir los antecedentes al Juzgado de Garantía y advertir a Gendarmería que tiene el deber de adoptar todas las medidas que sean pertinentes a fin de velar por la integridad de los internos.

Al encontrarse pendiente de resolver la propuesta de pago prestada por el deudor, la decisión del tribunal de no suspender los efectos de los apremios decretados en su contra deviene en arbitraria.

La resolución cuestionada se adoptó por razones de buen servicio, teniendo especial consideración que la víctima es una adolescente y dada la naturaleza del delito que se trata, lo que requiere de ciertas consideraciones que no pueden soslayarse.

Si bien el Reglamento Penitenciario prohíbe la tenencia de teléfonos celulares, para el funcionamiento de estos aparatos es indispensable contar tanto con un cargador específico como un chip que sea compatible, los que, por ende, forman parte del mismo instrumento electrónico, refiere el voto en contra.

La defensa no impugnó en su oportunidad la certificación referente al incumplimiento de la medida cautelar de arresto domiciliario.

La única forma de avalar la realización del juicio, es garantizando la presencia del acusado a través de la medida más gravosa, pues quedó demostrado en la historia de la causa, que el joven -hoy mayor de 18 años- ha incumplido su obligación procesal de comparecer a los actos del procedimiento, cuando se encuentra en libertad, informó el recurrido.

El máximo Tribunal estableció el actuar arbitrario del Juzgado de Garantía de Copiapó al rechazar a modificación de la prisión preventiva al no analizar desde una perspectiva interseccional y de género, el cúmulo de antecedentes sociales y médicos aportados por la defensa, que da cuenta que se trata de una gestante en la que confluyen múltiples categorías de vulnerabilidad.

Existiendo además un nuevo informe favorable a su traslado emitido por Gendarmería, no puede sino concluirse que la decisión de la recurrida es arbitraria, toda vez que se ha adoptado sin haber precedido un análisis exhaustivo de las distintas variables técnicas penitenciarias.

Consta que existe un nuevo antecedente que no fue considerado por lo que se debe revisar si se cumple las exigencia del artículo 164 del Código Orgánico de Tribunales, pues se podría amenazar la libertad personal dem amparado.