Decretados los alimentos por resolución que cause ejecutoria, y sin que se hubiera dado cumplimiento a ellos en la forma pactada o hubiera dejado de pagar una o más de las pensiones decretadas, el tribunal podrá imponer respectivamente al deudor como apremio, el arraigo en su contra y suspensión de licencia de conducir.

El recurso planteado adolece de un defecto al no indicarse cuál es la medida o remedio jurídico que requiere el actor.

Si bien el Ministerio Público manifestó su intención de revisar el arresto domiciliario del amparado, atendido que lo habría incumplido, ello no justificaba disponer su detención, porque la audiencia no estaba citada para ese objeto.

La Segunda Sala del tribunal de alzada no hizo lugar a la acción constitucional, tras establecer que el amparado no ha demostrado avances en el proceso de reinserción social, mantiene un alto riesgo de reincidencia, no existen antecedentes que acrediten que el recurrente asuma o tenga conciencia del delito cometido, gravedad ni mal causado.

La sentencia condenatoria no se encuentra firme ni ejecutoriada, lo cual se refuerza porque el Tribunal Constitucional admitió a trámite el requerimiento de inaplicabilidad respecto del artículo 387, inciso segundo, del Código Procesal Penal, y suspendió el procedimiento.

La Constitución en la letra d) del numeral 7° del artículo 19, permite expresamente el cumplimiento de una pena en el domicilio del condenado, norma que puede ser aplicada al caso de autos, aun cuando no exista ley que regule expresamente la materia.

No aparecen antecedentes según los cuales haya habido alguna acción u omisión que actualmente ponga en riesgo la libertad personal o seguridad individual del amparado, por lo que su traslado debe realizarse siguiendo los procedimientos regulares, refiere el voto en contra.

Se detectó que el  imputado, Juan Alejandro Matus Lagos, ingeniero informático y encargado del soporte técnico de las cámaras de seguridad de un establecimiento educacional de la ciudad de Puerto Montt, mantenía en un equipo computacional a su cargo, imágenes almacenadas de alumnas –niñas y adolescentes–, cuando se cambiaban ropa, las cuales captó con una cámara de vigilancia que instaló en un camarín del colegio.

La Corte fundó su decisión de mantener la prisión preventiva que había sido sustituida por considerar que al ser ingeniero informático el imputado por el delito de almacenamiento de material pornográfico infantil, constituía un peligro para las diligencias investigativas.

Este tribunal ha actuado en el ámbito de su competencia, obró dentro de sus facultades legales, llevando a cabo una práctica judicial reiterada en el tiempo que es cuestionada por primera vez ante este juez, informa el recurrido.