El tiempo mínimo de la pena para postular a la libertad condicional se determina individualmente, aplicando a cada una de las penas impuestas la proporción que debe cumplir según el delito cometido, para luego, y una vez que se ha establecido cada uno de los tiempos mínimos, se establezca aquel de manera global, tras la sumatoria de los períodos resultantes, a diferencia del razonamiento de la recurrida, en cuanto a realizar el cómputo en bloque.

La resolución se ajustó a la Ley N°20.084 y a criterios de agendamiento, descartando vulneración de derechos del imputado por haberse fijado una fecha posterior a la del adolescente.

El sistema penitenciario, en especial para casos vinculados a violaciones de derechos humanos, establece requisitos adicionales estrictos para la concesión de beneficios. Sin embargo, la documentación presentada no demuestra que la confesión del interno haya sido determinante para el esclarecimiento de los hechos, ya que no se consideró como atenuante en la sentencia, refiere el voto en contra.

Se incumple por la Administración la obligación de protección y respeto del derecho a un procedimiento racional y justo.

El auto de apertura de preparación de juicio oral se remitió al TOP antes del vencimiento del plazo de cinco días a que se refiere el inciso primero del artículo 280 bis del Código Procesal Penal, norma que debe entenderse relacionado con el artículo 366 del mismo cuerpo legal que establece el régimen recursivo general para deducir recursos de apelación, refirió el voto en contra.

El principio de la irretroactividad de la ley integra el derecho penal en sentido amplio y, por tanto, se encuentra sujeta a la denominada garantía de ejecución, por lo que al resultar desfavorable para el condenado la modificación de la Ley, deberá entenderse que los requisitos a exigir para la reducción de condena serán aquellos que se encuentren vigentes al momento de la dictación de la sentencia de término.

El artículo 14 de la Ley N°14.908, tolera tal apremio, única y exclusivamente cuando se está en presencia de una obligación alimenticia, decretada en beneficio del cónyuge, de los padres, de los hijos o del adoptado; más no se extiende al pago de los alimentos ordenados pagar a los abuelos.

La omisión de Gendarmería al no garantizar el traslado o conexión remota del imputado por encontrarse en paro generó una dilación injustificada, afectando la libertad individual y el debido proceso.

La Corte tuvo en consideración que de ejecutarse la medida, podría ocasionarse un daño que perturbaría la unidad familiar, afectando lo dispuesto en el artículo 1° de la Constitución, que establece que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, siendo deber del Estado dar protección a la población y a la familia, así como propender al fortalecimiento de esta.

Se excedieron los límites permitidos en los artículos 132 y 229 bis del Código Procesal Penal, lo que afecta las garantías fundamentales del amparado, en particular, su libertad personal desde la ley fija un plazo de duración de la detención, de modo que la prolongación de esta medida cautelar constituye un evento extraordinario que solo se justifica ante situaciones especiales y muy justificadas.