Desde el año 2010 hasta el 2019, el Tribunal Constitucional mantuvo una línea jurisprudencial conforme a la cual rechazaba los requerimientos de inaplicabilidad interpuesto en contra del artículo 248 letra c) el Código Procesal Penal. Sin embargo, en una nueva línea jurisprudencial, este artículo resulta inaplicable y contrario a derecho, refiere el recurrido.

Este tribunal no divisa otra medida cautelar que pueda ser adoptada en la contingencia expuesta, debido al peligro que implica la libertad del imputado para la víctima de delitos en contexto de VIF.

La revocación de la pena sustitutiva se produjo en el marco de la audiencia de control de detención, realizada con motivo de la comisión de un nuevo delito por parte del amparado, en la que, si bien éste contó con la asesoría del defensor de turno, no se citó a dicha audiencia al defensor penal público que el sentenciado registra en la causa en que se impuso la pena sustitutiva.

Favorece al amparado una ley más favorable, promulgada después de ejecutoriada la sentencia, pero en ese caso el tribunal de ejecución se encuentra obligado a modificarla de oficio o a petición de parte la sentencia para darle aplicación.

El procedimiento criminal en contra del amparado se inició el 25 de julio de 2023, decretándose en dicha fecha la medida cautelar de prisión preventiva, pero no aparece que en el desarrollo del proceso se haya vulnerado su derecho a ser juzgado en un plazo razonable considerando el carácter de los ilícitos que se le atribuyen y los fundamentos de la petición del persecutor para reprogramar la audiencia de juicio oral.

El derecho fundamental a ser enjuiciado por un tribunal imparcial significa, en esencia, que el juzgador no debe tener inclinaciones a favor o en contra de alguna de las partes o de las pretensiones de alguna de aquellas en juicio, debiendo mantener una posición equidistante frente al conflicto jurisdiccional y no ejercer labores de subsidio procesal en favor de alguna parte, en términos tales que prive a aquel que queda en situación desventajosa de la igualdad de armas que debe primar en toda contienda judicial.

El vencimiento del plazo fijado por la normativa vencía un domingo, lo cual trae como necesaria consecuencia que la comparecencia de la victima o testigos al juicio -cuyo domicilio está en otras comunas- pudo verse razonablemente dificultada, de tal manera que la programación dispuesta al día hábil inmediatamente siguiente está plenamente justificada.

Resulta evidente a esta Corte que el tribunal desecho imponer el mínimo del grado de la pena y también efectuar la compensación entre la agravante del artículo 12 N°16 y la atenuante del artículo 11 N°9 del Código Penal, por no permitirlo a esa fecha nuestro ordenamiento jurídico, lo que si hoy está permitido.

Un plazo de 60 días tan extenso para realizar el informe a las personas privadas de libertad implica la extensión del tiempo de espera para discutir el otorgamiento de la pena mixta y, eventualmente, el consecuente alargamiento de su reclusión, y resulta una demora innecesaria, puesto que, como es obvio, se cuenta con su presencia para la entrega de antecedentes y la realización de las entrevistas necesarias.

La aplicación de la sanción de suspensión por 60 días se funda en lo dispuesto en los artículos 103 y siguientes del Código Procesal Penal y, actualmente se encuentra en tramitación recurso de apelación y de queja contra la misma resolución por lo que el asunto está bajo el imperio del derecho.