Un plazo de 60 días tan extenso para realizar el informe a las personas privadas de libertad implica la extensión del tiempo de espera para discutir el otorgamiento de la pena mixta y, eventualmente, el consecuente alargamiento de su reclusión, y resulta una demora innecesaria, puesto que, como es obvio, se cuenta con su presencia para la entrega de antecedentes y la realización de las entrevistas necesarias.

La aplicación de la sanción de suspensión por 60 días se funda en lo dispuesto en los artículos 103 y siguientes del Código Procesal Penal y, actualmente se encuentra en tramitación recurso de apelación y de queja contra la misma resolución por lo que el asunto está bajo el imperio del derecho.

El tribunal de instancia, al momento de proveer el escrito de la querella debe imperativamente, atender al examen de admisibilidad conforme lo previsto en los artículos 111 y 113 del Código Procesal Penal, sin entrar a disponer o ponderar elementos de fondo de la acción penal intentada.

No consta que se haya efectuado el apercebimiento concerniente a los efectos de la incomparecencia, por lo que no se pudo despachar orden de detención por no comparecer al juicio oral reprogramado a pesar de que se notificó personalmente por videollamada a la imputada.

Al decretarse la medida cautelar de prohibición de acercamiento a la madre en términos amplios, de cumplimiento compulsivo, lo que obliga al menor, en los hechos, a abandonar el hogar que comparte con ella, se lo sitúa en una condición de desprotección y desamparo. Por ello se restringe la medida cautelar en términos que regirá únicamente para evitar que el adolescente se aproxime en términos violentos a su progenitora.

El máximo Tribunal revocó la sentencia apelada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que rechazó la acción constitucional de amparo.

Con todo, se debe citar a las partes para discutir la excepción de salud que alega el alimentante.

La discusión acerca de las medidas cautelares respecto al adolescente se produjo ya en la sede especializada que indica la ley, refiere el voto en contra.

No obstante tratarse de un procedimiento administrativo, en éste se encuentra plenamente vigente el principio de legalidad penal, el que abarca la ejecución de las penas y medidas de seguridad por lo que se debe aplicar la ley vigente al momento de la comisión de los ilícitos.

De modo alguno las garantías de libertad personal y/o seguridad individual del recurrente han podido ser amagadas por el acto que el presente arbitrio reprocha.