La discusión acerca de las medidas cautelares respecto al adolescente se produjo ya en la sede especializada que indica la ley, refiere el voto en contra.
No obstante tratarse de un procedimiento administrativo, en éste se encuentra plenamente vigente el principio de legalidad penal, el que abarca la ejecución de las penas y medidas de seguridad por lo que se debe aplicar la ley vigente al momento de la comisión de los ilícitos.
De modo alguno las garantías de libertad personal y/o seguridad individual del recurrente han podido ser amagadas por el acto que el presente arbitrio reprocha.
Debe computarse todo tiempo en que el amparado estuvo sujeto a medida cautelar y que no se encuentre imputado en su sentencia.
Aquella persona de quien se teme pueda encontrarse en la situación del artículo 10 N°1 del Código Penal debe cumplir las medidas decretadas a su respecto en un lugar especialmente destinado al efecto, lo que no se verifica en la especie.
Impedir que condenada sea ingresada al CET semiabierto por mantener vigente una expulsión administrativa y no contar con cedula de identidad no sólo vulnera el principio de legalidad, sino también el principio de no discriminación en razón del origen nacional, refiere el voto en contra.
La decisión de mantener la prisión preventiva se encuentra debidamente fundada en consideración a los delitos que se imputan a la recurrente, y a la pena asignada a los mismos.
Dinero depositado por el padre del niño a la madre vía Western Unión permitió a la Corte corroborar que actualmente se encuentran en Bolivia. Se ordenó la remisión de todos los antecedentes al Ministerio Público y Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, para que incoen las acciones que se estimen pertinentes.
No existe discusión que al amparado hay que reconocerle 1 día de abono por la detención; 134 días por el arresto domiciliario nocturno; 117 días de reclusión parcial domiciliario nocturna mediante monitoreo telemático y 364 días en la modalidad de reclusión nocturna penitenciaria.
Rige lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley N°21.325, por lo que la amparada puede presentar los recursos administrativos que estime pertinente, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 140 de la misma legislación, se suspenden los efectos del acto o resolución impugnada.
