La decisión fue acordada con el voto en contra de la Ministra Sandoval, quien estuvo por revocar la sentencia consultada.
El llamado recurso de amparo económico no es idóneo para salvaguardar la garantía fundamental reconocida en el artículo 19 N° 21 inciso 1° de la Carta Fundamental.
La Corte de San Miguel sostuvo en su oportunidad que no se visualiza infracción al derecho a desarrollar una actividad económica legítima por parte de la recurrida.
La decisión fue acordada con el voto en contra del Ministro Prado, quien fue de parecer de revocar la sentencia consultada.
La Corte de Santiago indicó que el recurso interpuesto resulta extemporáneo.
Debido al atraso del pago del canon de arriendo.
No se visualiza infracción al derecho a desarrollar una actividad económica legítima por parte de la recurrida en relación a las recurrentes.
El máximo Tribunal señaló que la naturaleza propia de la acción de amparo económico determina la improcedencia para revisar lo actuado en un juicio.
La decisión fue acordada con el voto en contra de la Ministra Sandoval y el abogado integrante Quintanilla, quienes fueron de la opinión de confirmar la sentencia apelada.
La Corte de Punta Arenas señaló en su oportunidad que al disponer del lugar de trabajo del actor no ha exhibido facultades.
