El libelo señala que el 20 de abril de 2023, el presidente Gabriel Boric anunció la creación de la Empresa Nacional del Litio, pero debido a la dificultad de reunir el quórum necesario en el Congreso, Codelco optó por crearla en una notaría, el 18 de mayo, sin la Ley de Quórum Calificado (LQC) que se requiere para constituir una empresa pública. Acusa que dicho acto transgrede la Constitución al no ajustarse a los fines legales de Codelco, que están relacionados con la minería del cobre.

Se constató que los nichos no cumplen con la normativa sobre distanciamiento al encontrarse adheridos a la línea divisoria con otro predio, por lo que el máximo Tribunal ordenó a la Dirección de Obras Municipales de Quirihue adoptar las medidas correspondientes a fin de subsanar la infracción.

Los imputados tienen acceso a medios tecnológicos para tener comunicación con la defensa.

Los recurrentes sostienen que la actuación del municipio genera una diferencia arbitraria en perjuicio de los locatarios comerciantes del lugar, que implica una prohibición total de ejercer una actividad económica lícita. Además, la medida adoptada carece de proporcionalidad, y afecta en la esencia derechos asegurados por la Constitución.

El actor alega que la aplicación de la sanción de clausura del local le impedirá de manera rotunda ejercer su actividad económica lícita de manera normal y cotidiana, afectando considerablemente sus ingresos económicos y también afectando de manera directa a sus trabajadores.

No le es permitido a la recurrida que adopte desde ya vías de autotutela, (las cuales afectan la actividad económica del actor), dado que aún se encuentra pendiente la ejecución del fallo arbitral por un tribunal competente.

El Decreto Alcaldicio hace mención a informes policiales y vecinales que aluden de forma genérica a ilícitos cometidos en el sector que son considerados insuficientes para fundamentar la medida.

Resultaba procedente que se comunicaran los cargos al curador ad-litem designado, y luego de ello se discutieran eventualmente medidas cautelares o una internación provisional, lo que no ocurrió.

La decisión adoptada por el municipio se encuentra debidamente fundada y se sustenta en antecedentes de hechos plausibles, teniendo además el Concejo Municipal facultades suficientes para resolver como lo ha hecho.

Entorpece el giro comercial de una constructora que además se encuentra en un proceso de reorganización judicial, lo cual hace imperioso la venta de sus activos para satisfacer los créditos de sus acreedores.