Se colige que los actores, el día de ocurrencia de los hechos, fueron sorprendidos por los agentes policiales cuando realizaban acciones tendientes a elaborar bombas molotov, toda vez que uno de ellos (Ríos) manipulaba un bidón con combustible y, el segundo (Quililongo), mantenía en sus manos dos botellas con telas que tenían como función ser mecha.

El Tribunal de alzada descartó infracción en la valoración de la prueba en la sentencia impugnada, dictada por el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, que condenó, además a coautora del delito.

El máximo Tribunal ordenó la realización de un nuevo juicio oral por jueces no inhabilitados, respecto de dos recurrentes, y decretó la absolución del tercero, al establecer infracción al debido proceso al inducir el tribunal la declaración de testigos que prestaron testimonio.

El Tribunal de alzada descartó infracción de ley o error en la valoración de la prueba en la sentencia impugnada, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción.

El máximo Tribunal estableció infracción al debido proceso en la actuación de la policía, al hacer ingreso al inmueble donde sorprendió la plantación de cannabis sativa, sin justificación legal.

Por su parte, el ministro Dahm advierte que no existía ningún antecedente para proceder a un control de identidad y menos a un registro de sus pertenencias, de manera que las pruebas que lo incriminan nacen de una irregular actuación de la policía.

El máximo Tribunal estableció que la ley de protección, fomento y desarrollo indígena estipula la prohibición expresa y amplia de cesión de derechos de tierras a terceros ajenos a las etnias originales.

El máximo Tribunal estableció yerro en la resolución apelada, en la parte que ordenó la toma de muestras biológicas y registro de la huella genética del adolescente, al entrar en contradicción con la reinserción social de los menores de edad infractores.

El fallo de la Corte Suprema señala que los hechos probados ante el tribunal no satisfacen la exigencia de peligro para la salud pública, por cuanto el Ministerio Público no acreditó la exigencia de generación de riesgo.

El Tribunal de alzada confirmó la sentencia recurrida, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Miguel.