El Tribunal de alzada descartó infracción a la sana crítica en el fallo que acogió la solicitud de la empleadora.

El sargento 2° de Carabineros Víctor Andrés Torres Aguayo, en ejercicio de sus funciones de control del orden público, luego de haber sido agredido en dos oportunidades por Gabriel Ignacio Arias Soto y caer de su moto, disparó su arma de servicio impactando al estudiante universitario en su pierna izquierda, acciones que a juicio del Tribunal de alzada se realizaron en legítima defensa.

La Policía actuó conforme a las facultades establecidas en el artículo 85 del Código Procesal Penal.

No se vulneró el debido proceso por la declaración de un testigo en la audiencia de juicio oral a través de video conferencia.

El Tribunal de alzada estableció que erró la sentencia impugnada, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, al declarar injustificado el retiro anticipado de la trabajadora, la que solicitó y no obtuvo permiso de su empleadora, la empresa Comercial Fashion’s Park SA.

Todo cuestionamiento relativo a la procedencia de la regularización solicitada debía ser conducida de la forma y dentro de los plazos establecidos en el Decreto Ley Nº2.695, y no por la presente vía.

La nulidad de derecho público es una acción general, y no un reclamo de ilegalidad como el establecido en la Ley 19.886, por lo que su competencia radica en la sede ordinaria.

El Tribunal de alzada ordenó al Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Ovalle proceder a la realización de un nuevo juicio con jueces no inhabilitados, tras establecer que la sentencia recurrida no da sustento a la calificación de los hechos que da por acreditados, sin hacerse cargo de la calificación de homicidio frustrado asignada por los acusadores.

Las medidas cuestionadas buscan salvaguardar el correcto uso de los recursos públicos, pues no corresponde que se incorpore la imagen del edil como práctica reiterada en la difusión de las actividades municipales.

El Tribunal de alzada descartó error en la sentencia recurrida, dictada por el Primer Juzgado del Trabajo de Santiago, que acogió la demanda.