Corresponde a la Universidad observar el Principio de Máxima Divulgación, mediante el cual, los órganos de la Administración del Estado deben proporcionar información en los términos más amplios posibles, excluyendo sólo aquello que esté sujeto a las excepciones constitucionales o legales.

Se reprochó a la compañía haber excedido los límites basados en hipótesis que no existen actualmente, careciendo la CMF de facultades para revivir o interpretar normas derogadas. No resulta factible aplicar el artículo 23, N°2, letra d), del DFL N°251, que se refiere a supuestos derogados del artículo 5 de la Ley 18.815, sobre activos que podían ser objetos de inversión.

El fallo señala que el número suficiente de firmantes constituye un requisito esencial para la admisibilidad del libelo en cuestión, cuyo cumplimiento debe acreditarse a través de un documento que certifique que, en este caso, quienes lo suscriben constituyen al menos un quinto de los miembros en ejercicio del Consejo Constitucional.

En una ceremonia pública  se realizó el sorteo que consideró a los 11 ministros y ministras  de la Corte Suprema habilitados para tramitar el requerimiento. El tribunal especial para estos efectos quedó integrada por:  la ministra Andrea Muñoz Sánchez, que ejercerá como presidenta; los ministros Jorge Dahm Oyarzún, Arturo Prado Puga, Mario Carroza Espinosa y la ministra María Cristina Gajardo Harboe.

El Tribunal de alzada descartó infracción en el procedimiento sancionatorio y en la cuantificación de la multa aplicada al edil.

El Tribunal de alzada desestimó los argumentos de la recurrente, tras establecer que la información solicitada por ley transparencia, no tiene carácter de reservada o secreta.

No se explica racionalmente la fundamentación de la pena que aplica la Superintendencia, toda vez que aplica la misma multa impuesta por la Dirección Regional, no obstante reconocer que concurre una atenuante y ninguna agravante.

El Consejo para la Transparencia acogió el amparo de acceso a información pública y ordenó a la Fuerza Aérea entregar información sobre armas dadas de baja por la institución entre el 1 de enero de 2019 y el 22 de abril de 2022, desglosada por cantidades, tipos y modelo.

El Tribunal de alzada descartó actuar ilegal de Cochilco al sancionar a la reclamante.

La magistradaescartó infracción de la autoridad fiscalizadora al aplicar la sanción a Enel por no dar cumplimiento al contrato colectivo suscrito con el sindicato de profesionales universitarios de la empresa.