El Tribunal determinó que el reclamo deducido por el Director de Obras Municipales no es procedente, por cuanto está destinado únicamente a personas ajenas a la Administración.

El Concejo Municipal tuvo presente, para rechazar la renovación, un informe de la DIPRESEC que daba cuenta de hechos delictivos en un tiempo de 5 años atrás, cuando lo que correspondía era evaluar sólo el año precedente a la solicitud de renovación.

El actor alegó que acompañó los antecedentes que daban cuenta de que su derecho de aprovechamiento estaba registrado en el Conservador de Bienes Raíces, sin embargo, eso no es suficiente, ya que la ley exige que además debe estar inscrito en el Catastro Público de Aguas de la DGA.

El Tribunal de alzada descartó infracción de ley en el proceso sancionatorio que ordenó, además, la cancelación de la inscripción de la sancionada como prestadora de libre elección (MLE) y le ordenó reintegrar la suma de $37.409.310 al fondo de ayuda médica (FAM).

El Tribunal de alzada descartó que la entrega de la información solicitada por ley de transparencia afecte los derechos comerciales o económicos de los recurrentes.

La Dirección de Obras Municipales justificó el incumplimiento a las normas de la SEREMI que ordenaban la suspensión de los plazos de caducidad, en que se trataría de instrucciones ilegales.

Además, la Corte determinó que la reclamante tampoco indicó con precisión el acto cuya ilegalidad se reclama, ni la norma legal infringida, todo lo cual impide a los sentenciadores emitir un pronunciamiento de fondo.

La Municipalidad de Renca infringió el principio de estricta sujeción a las bases, que permiten justificar el incumplimiento del servicio convenido si acontece un caso fortuito o fuerza mayor, como lo es la paralización nacional de la federación de trabajadores recolectores de residuos domiciliarios.

El tribunal estableció infracción al debido proceso en el procedimiento sancionatorio, al no dar la posibilidad a la reclamante de presentar descargos.

El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario de la SEC al rechazar el reclamo, sin entrar a analizar el fondo del asunto.