El Tribunal de alzada descartó error o infracción al debido proceso en el procedimiento sancionatorio.
Las materias medioambientales no son de competencia exclusiva del Servicio de Evaluación Ambiental y el municipio podría considerar necesario hacer exigencias que no estén incluidas en la Resolución de Calificación Ambiental para otorgar el permiso de extracción de áridos.
Contrariamente a lo resuelto por CPLT, están amparados por la reserva del numeral 2 del artículo 21 de la Ley N°20.285, por derechos comerciales y económicos, así como por cláusulas de confidencialidad, que vinculan al adjudicatario del proyecto con la Administración del Estado.
El artículo 26 de la Ley de Rentas Municipales autoriza a los municipios otorgar patentes provisorias siempre que la ordenanza dictada al efecto lo permita para el giro específico, por tanto, si dicha ordenanza lo prohíbe, el ente edilicio que niega la patente actúa conforme a la ley.
En la especie se ha dado cumplimiento a los requisitos generales de la delegación administrativa, la que está expresamente permitida por el artículo 100 letra e) de la ley 20.529, por lo que no se configuró un vicio en la especie
Si bien el artículo 53 de la Ley N°19.880 dispone que la invalidación de un acto administrativo puede ser declarada de oficio por la autoridad o a petición de parte, en este último caso, sigue siendo de facultad de la Administración su declaración, por lo que no corresponde reclamar sobre el rechazo de su aplicación.
Además, como se interpuso solamente un recurso de apelación ante la autoridad municipal, la Corte estableció que no se agotó la vía administrativa, por lo que no se cumple con todos los requisitos formales para la interposición de un reclamo de ilegalidad como el de autos.
No se advierte vicio de ilegalidad que justifique la devolución de lo pagado por contribución de patente comercial, máxime si se tiene presente que ha sido la reclamante quien pagó –sin objetar- las cuotas comprendidas entre julio de 2018 y enero de 2020 que ahora desconoce.
La colaboración del reclamante al reconocer parte de los hechos, sumado a su irreprochable conducta anterior –no cuenta con infracciones previas- son motivos suficientes para considerar que las multas impuestas y la cancelación del convenio son medidas desproporcionadas.
No existe infracción al artículo 6 del DFL 2 de 1998 del MINEDUC, pues en el caso concreto se cumple el requisito previsto en la norma sectorial de que el director del colegio inicie el procedimiento disciplinario y a su vez decida la expulsión de un alumno.
