El municipio emitió un informe técnico erróneo, al consignar que el inmueble en cuestión, se encontraba emplazado en zona de área verde y parque, y no en zona industrial exclusiva, al fundar su decisión en un certificado que se había dejado sin efecto por sentencia previa y ejecutoriada de esta Corte.

La magistrada desestimó el reclamo tras establecer que la sanción y monto se ajustan a las infracciones detectadas en el concierto que dio el grupo de rock Metallica en el Club Hípico de Santiago, el 27 de abril de 2022.

Se denegó el acceso a la información sobre contratos celebrados con proveedores, solicitada por ley de transparencia.

Al disponer el Consejo para la Transparencia que el Ejército de Chile debe hacer entrega de la información solicitada, no ha hecho más que ejercer su potestad fiscalizadora con apego a la legalidad y a la normativa reglamentaria que la rige.

El tribunal de alzada descartó actuar ilegal de la autoridad fiscalizadora.

El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario de la CMF, al denegar el pago del subsidio solicitado.

El Consejo para la Transparencia negó la entrega de información sobre el seguimiento ambiental de la central termoeléctrica Guacolda. Si el órgano estatal no tiene los antecedentes pedidos y se han agotado las pesquisas de búsqueda, aparece de toda razonabilidad que no puedan ser entregados.

En fallo unánime, la Corte de Santiago acogió el reclamo de ilegalidad deducido por un periodista y le ordenó a la Municipalidad de Lo Barnechea entregar la nómina de trabajadores y/o prestadores que se desempeñan en la organización comunitaria Lo Barnechea Servicios, solicitada por ley de transparencia.

Para que prospere la causal de reserva invocada deben cumplirse dos requisitos: a) Que la información requerida sea un antecedente o deliberación previa a la adopción de una resolución, medida o política, y b) Que la publicidad, conocimiento o divulgación de dicha información afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano, los que verifican en la especie.

En fallo unánime desestimó que la información solicitada tenga el carácter de reservada y, además, consideró que los nuevos sistemas de evaluación y categorización de los profesionales de la educación, reviste un evidente interés público.