El máximo Tribunal estableció que la materia que se pretende unificar corresponde a una de carácter procesal y que fue rechazada en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Antofagasta.

El máximo Tribunal rechazó el arbitrio especial, tras establecer que la recurrente no precisa, como exige la norma legal, la materia de derecho objeto del juicio impugnado que pretende unificar.

El máximo Tribunal rechazó le arbitrio intentado, porque la materia de derecho que se pretende unificar corresponde a un asunto incidental que no guarda relación con la cuestión controvertida que fue objeto del juicio, ni forma parte de la sentencia definitiva.

El máximo Tribunal descartó infracción de ley en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Puerto Montt, que ratificó la resolución de base que aplicó la sanción a la empresa por ingresar 144.940 kilogramos de jibias a frigorífico, sin la documentación que acreditara el origen legal del producto.

El máximo Tribunal descartó errores en la sentencia recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que condenó al municipio a pagar $312.900.000 a la empresa perjudicada.

El Tribual de alzada confirmó la sentencia que acogió la demanda por despido injustificado y, parcialmente, la de cobro de prestaciones, ordenando a Codelco pagar las sumas de $5.996.71, por recargo sobre la indemnización por años de servicio, y la devolución de $4.815.008, monto descontado del seguro de cesantía.

El Tribunal estableció que la demandada no justificó en qué consisten claramente los ajustes estructurales, y tampoco la real necesidad en los cambios en relación a los trabajadores. Todo ello, no sólo obsta a la adecuada defensa del trabajador, sino que limita la posibilidad del Tribunal de analizar si los hechos que se indican resultan suficientemente probados.

Se configuran los requisitos que el artículo 889 del Código Civil contempla para su procedencia.

Así lo establecen los artículos 10 y 40 del Código de Procedimiento Penal en armonía con las normas de los artículos 398, 430, 447, 500, N°7 y 536 de ese texto legal.

El valor fijado por el Fisco en el avalúo fiscal responde a criterios distintos de aquellos que se consideran para el valor comercial de un bien.