“la obligación que se cobra es una obligación legal, vale decir, que tiene su fuente directa en la ley, y cuyo sujeto pasivo o deudor es el propietario de las instalaciones, quien queda sujeto a la prestación de ejecutar las obras de traslado; mientras que el acreedor es el Ministerio de Obras Públicas como órgano de la Administración del Estado que, a través de la Dirección de Vialidad, tiene competencia sobre los caminos públicos. En el caso de autos, pese al hecho que Chilesat S.A. era la única obligada legalmente a soportar el costo de los trabajos, éste lo asumió el Fisco, de manera que tiene derecho a que se le restituyan los dineros desembolsados en detrimento del patrimonio fiscal”.

“al rechazar la excepción de prescripción opuesta por el Fisco de Chile los jueces del mérito incurrieron en los errores de derecho que se les imputan, los que tuvieron influencia sustancial en lo dispositivo del fallo impugnado por cuanto incidieron en la decisión de hacer lugar a la demanda de indemnización de perjuicios por concepto de daño moral interpuesta por la viuda e hijos de la persona desaparecida.”.

“de acuerdo con la jurisprudencia asentada por esta Corte Suprema –y que recoge una doctrina que ha gozado de general aceptación- son vicios aptos para provocar la nulidad de derecho público de un acto estatal la desviación de poder, ausencia de investidura regular, incompetencia del órgano, violación de la ley –ley de fondo- y defectos de forma.”

“los actores demostraron con la que rindieron la falta de servicio denunciada, de manera que no se divisa una transgresión a dicha institución”.

“el recurrente se limita a individualizar y transcribir algunas normas referentes a la valoración de la prueba, sin embargo no señala la forma en que se produciría alguna de las situaciones”

“cuando en su concepto se ha terminado un proceso criminal, por fallo firme o por sobreseimiento, sin el verdadero propósito de cumplir con el amparo judicial a que tiene derecho quien lo haya requerido, sino sólo como medio de asegurar una impunidad, o cuando una decisión de condena vulnera, también, garantías fundamentales reconocidas en la Convención Americana, tales decisiones, aunque estén firmes conforme a normas de derecho interno, no producen realmente cosa juzgada”.

“el recurso en estudio se erige en contra de los hechos de la causa, de tal suerte que para poder arribar a una conclusión favorable a los intereses del recurrente se necesita prescindir de tales supuestos fácticos e instalar los que el recurso sustenta, a saber, en lo medular, que no hubo transmisión de información privilegiada de parte del Sr. Eben Oyanedel a los recurrentes, para lo cual se requiere la denuncia de leyes reguladoras de la prueba que permitan modificar los hechos asentados en la sentencia, lo que no ha ocurrido”.

“siendo uno de los objetos de la litis establecer la calidad del camino, no se desvirtuó la presunción de camino público del citado artículo 26 a la que acudieron los sentenciadores. En efecto, no ha sido disputado que el camino está abierto al uso público, que su uso es promovido por el Municipio como vía de acceso a un sitio de interés turístico ampliamente difundido por el mismo órgano comunal, el cual además mantiene estacionamientos en el lugar para facilitar el arribo de los visitantes. Con todo ello, como se advierte, la presunción legal a que se refiere la denominada ley de caminos en su artículo 26 ya aludido, lejos de desvirtuarse, se fortalece.”

“era improcedente y contrario a derecho que los jueces de segundo grado rechazaran la excepciones por el sólo hecho de no haber alegado el ejecutado en la gestión preparatoria, en el mismo acto o dentro de tercero día de notificado, la falsificación material de la factura ni porque tampoco haya reclamado de la falta de entrega de la mercadería en la forma establecida en la Ley N° 19.983”, toda vez que el procedimiento para el cobro ejecutivo de la factura contempla dos fases, la gestión preparatoria y el procedimiento ejecutivo, en donde es oportuno oponer excepciones.

“que consignada la inexistencia de una transgresión a las leyes que rigen la prueba, se revela que la alegación esencial del recurso, esto es, la falta de aplicación del estatuto de la responsabilidad extracontractual basada en la falta de servicio de la Comisión Chilena de Energía Nuclear en su carácter de órgano de la Administración del Estado, al negarse a incorporar al actor a su planta, pugna con los hechos asentados por los jueces».