a partir de la prueba rendida en autos, “se estableció que la infraestructura levantada en la estación de trenes se hallaba prácticamente desprovista de medidas de seguridad frente a la población que vivía a su alrededor, especificando los magistrados las medidas que no habían sido cumplidas, configurándose con ello la responsabilidad de la empresa propietaria de las instalaciones”, todo lo cual permite concluir que no se ha alterado la carga de la prueba en el caso sublite.

“que en armonía con lo expresado la falta de servicio se configura, puesto que la Municipalidad incumplió sus obligaciones legales al no mantener una importante vía pública en condiciones de brindar un tránsito seguro para los vehículos que circulan por ella, generando un riesgo previsible y evitable con una mediana diligencia y cuidado”.

“el plazo para deducir la reclamación se interrumpió con la interposición del recurso de reconsideración y sólo comenzó a correr nuevamente una vez que fue notificada la resolución que lo rechazó”, por lo que no debió haberse acogido la excepción de caducidad de la reclamación.

la sentencia impugnada se limitó a seguir la tesis aceptada por el máximo tribunal, sin que el reclamante haya aportado argumentos que permitan desvirtuar tal convicción, toda vez que ha quedado demostrado que el giro de la reclamante “comprende la ejecución de actividades que importan la obtención de lucro o ganancia, es decir, se trata de actividades lucrativas y, por consiguiente, configuran un hecho gravado en el citado artículo 23” de la Ley de Rentas Municipales.

“es por ello que la acción deducida es declarativa de derechos y no de nulidad de derecho público, siendo la declaración de nulidad solicitada, en realidad, una solicitud de declaración de ilegalidad para los efectos de pedir se declare su derecho a ser indemnizado, como por lo demás lo señala expresamente el actor, acción que como ha reiterado esta Corte Suprema se encuentra sometida a las reglas generales sobre prescripción”.

“no es posible concluir que al producirse una fusión como la pretendida por los reclamantes, en la que efectivamente se produce una mayor concentración del mercado de los combustibles, ella deba ser calificada como una operación contraria a la libre competencia en forma anticipada, es decir antes de que se haya efectuado la operación de concentración, porque las circunstancias particulares y sus consecuencias deberán verse necesariamente luego de producido el proceso y operando las empresas involucradas, fusión que podría tener incluso efectos beneficiosos para los consumidores”.

“la actora no rindió prueba alguna tendiente a acreditar una coautoría de la demandada en el ilícito que se señala cometió Inverlink Corredores de Bolsa, en términos tales que no se encuentra acreditado en autos que se den los supuestos del artículo 2314 del Código Civil, por lo que será desestimada asimismo la acción interpuesta por responsabilidad extracontractual impetrada en estos autos”.

“la norma reseñada precedentemente establece, en el marco de los hechos de la presente causa, una presunción de culpa contra la Municipalidad en tanto tiene la calidad de propietaria y mandante de la obra, una vez acreditada la responsabilidad del agente directo y el respectivo vínculo de subordinación.”

“por haber el recurrente circunscrito el agravio únicamente al rechazo de la excepción de prescripción extintiva de la acción de indemnización de perjuicios, cabe acudir a la máxima jurídica que reconoce que “nadie está obligado a lo imposible”, de lo cual surge la injusticia de aplicarle al actor la prescripción contando el plazo legal pertinente desde la data que pretende el Servicio de Salud demandado, esto es, desde el año 1991, atendida la inexistencia en ese entonces de síntoma alguno que lo impulsara a intentar una acción indemnizatoria respecto de un daño, si no inexistente, al menos absolutamente ignorado por el afectado”.

el constituyente “no fijó un monto o rango para establecer cuando un tributo es manifiestamente desproporcionado o injusto”, por lo que la “concreción de este concepto jurídico indeterminado corresponde efectuarla al órgano de aplicación del derecho municipal de acuerdo a diversos criterios y factores de hecho”.