“que por consiguiente, los jueces del fondo incurren en error de derecho al confirmar el fallo de primera instancia, puesto que no hay normativa que consagre la pretendida obligación indemnizatoria por infracción a los artículos 19 N° 20 y N° 24 de la Constitución Política y por tal razón la mención de los preceptos constitucionales en la decisión que acoge la demanda es injustificada».

“que según lo ha sostenido reiteradamente esta Corte, existe falta de servicio cuando éste ha funcionado deficientemente, no ha funcionado debiendo hacerlo o lo ha hecho en forma tardía. La falta de servicio se genera cada vez que la acción u omisión de la Administración causa daño, debiendo existir una relación de causalidad entre esta acción u omisión y el daño producido»

“la decisión impugnada no se aviene con la forma correcta de interpretar la ley en consonancia con el interés social en la investigación y represión de los delitos que dicen relación con el comercio internacional de ciertos especímenes animales».

“el establecimiento de los hechos se basó principalmente en la apreciación de la prueba pericial y documental rendida por la parte demandante”.

“el plazo de prescripción de la acción que compete al Fisco para el cobro de las obligaciones tributarias que le adeudan los contribuyentes, transcurre paralelamente –y tiene la misma extensión- con aquél que dispone el Servicio de Impuestos Internos para ordenar la liquidación y giro de los impuestos”

“su titularidad recae precisamente sobre un “permiso”, es decir, una autorización para construir un proyecto inmobiliario en las condiciones allí expresadas, y que, a su vez, se funda en las atribuciones conferidas a la Dirección de Obras Municipales por la Ley General de Urbanismo y Construcciones en atención a las circunstancias de la época y a las exigencias previstas en ese momento».

“que habiéndose acreditado la falta de servicio en que incurrió la demandada y la relación de causalidad entre ésta y los daños sufridos por los actores, atento lo que dispone el artículo 38 de la Ley Nª 19.966, es que se dará lugar a la demanda respecto del daño emergente y daño moral alegado, y se condenará a la demandada al pago de los montos que por dichos conceptos se establecieron en los considerandos séptimo y octavo respectivamente”

“la solicitud de una medida prejudicial no importa la interposición de una acción”

“si bien en el presente caso el ejecutante invoca como título ejecutivo la resolución de 3 de marzo del año 2000, que tuvo por reconocidas las firmas y confesada la deuda, debe tenerse en consideración que al deducir la presente acción ejecutiva la demandante manifestó expresamente que la deuda que persigue es la contenida en el pagaré que indica, el Nº 27/1991, de manera que la obligación concreta que se cobra en estos autos se encuentra debidamente identificada en tal instrumento”.

“no es posible concluir que en el caso de autos se decretara el abandono del procedimiento porque tal institución es una sanción cuando las partes han cesado en la prosecución del juicio por el lapso de seis meses”