Los querellados limitaron la libre circulación de la actora en un pasaje sobre el cual tiene la calidad de comunera, por lo que goza de la calidad de poseedora del inmueble y tiene derecho a que su posesión sea amparada.

Los sentenciadores no incurrieron en errores u omisiones manifiestos que constituyan faltas o abusos graves que sea necesario reprimir o enmendar mediante el ejercicio de atribuciones disciplinarias.

Los actores no se encuentran facultados para ejercer acciones de dominio sobre el retazo demandado en conformidad al artículo 19 del Decreto Ley 2.695.

Los sentenciadores rebajaron la cuantía de la multa sin declarar la ilegalidad del acto impugnado.

La sentencia se dictó sin realizar una exposición clara, lógica y completa de los hechos probados y sin fundamentar de manera completa la valoración de todas las pruebas rendidas en juicio.

No es posible considerar que las actuaciones destinadas a tramitar un requerimiento de inaplicabilidad puedan tener mérito para interrumpir el plazo del abandono del procedimiento.

Transcurrieron más de cuatro años antes que la Superintendencia declarara la responsabilidad de la reclamante, lo que constituye un tiempo excesivo e injustificado que transforma el procedimiento sancionatorio en ilegítimo y lesivo para los intereses de la reclamante.

El tribunal de alzada no consideró que las obras de habilitación son gastos que los terceros deben reclamar al propietario del inmueble expropiado sobre el monto indemnizado.

El tribunal de alzada no explicó las consideraciones de hecho y de derecho que se tuvieron en cuenta para desestimar las pretensiones del actor.

La Carpeta Personal de Seguridad de un funcionario contiene antecedentes que versan sobre labores de inteligencia del Ejercito que están vinculadas al resguardo de la seguridad de la Nación.