El recurso de nulidad no constituye una vía para impugnar la valoración de la prueba realizada por el tribunal penal.
El actuar de los funcionarios policiales se ajustó a derecho, toda vez que obraron en virtud de una denuncia revestida de seriedad y verosimilitud que entregó detalles precisos sobre la comisión de un delito.
La sanción aplicada se impuso con estricto apego a las normas que prescribe la Ley N°20.529.
La Dirección General de Aeronáutica Civil no controló ni otorgó asistencia al demandante luego de ser agredido, lo que contraviene su deber de controlar y fiscalizar los aeródromos públicos y privados.
Para que opere la presunción de culpabilidad del artículo 2329 del Código Civil es necesario probar que la demandada incurrió en conductas u omisiones en la realización de una actividad peligrosa.
La supuesta agresión de las víctimas no altera la validez ni la legitimidad del procedimiento. Solo asiste al acusado el derecho a perseguir la responsabilidad de quien resulte responsable de los daños.
La defensa tuvo conocimiento de todas las diligencias investigativas realizadas por la policía y las impugnó en la audiencia de juicio oral, por lo que no se configura una causal de indefensión que logre viciar el procedimiento.
La evaluación ambiental se llevó a cabo sin respetar las instancias de participación que nuestra legislación reconoce a los pueblos originarios.
La Superintendencia de Educación al conocer reclamaciones administrativas en contra de sus sanciones solo puede pronunciarse sobre las peticiones que formule el reclamante.
Al realizarse la fiscalización, el reclamante ya detentaba la calificación de sostenedor de la escuela, por lo que le corresponde velar por el cumplimiento de los requisitos de infraestructura del establecimiento educacional.
