El recurso denunció la infracción a una serie de normas constitucionales relativas al principio de juridicidad, competencia de los órganos del Estado, entre otras.
“guarda armonía con la preceptiva constitucional que consagra la autonomía del Ministerio Público y en tal perspectiva no resulta aceptable que un órgano que forma parte de la Administración del Estado -Consejo para la Transparencia- juzgue y eventualmente sancione a dicho organismo”.
«(…)esta forma de regulación es plenamente constitucional, en la medida que exista “una apropiada adecuación entre los fines postulados por la ley y los medios que planifica el reglamento para lograrlos. En otras palabras, debe existir una correspondencia entre las obligaciones que la norma impone y los propósitos que la ley quiere alcanzar”.
“la impugnación del monto concedido a título de daño moral corresponde a una materia ajena al recurso en estudio, puesto que la regulación del mismo corresponde a una facultad exclusiva de los jueces del fondo(…)”.
Una empresa eléctrica recurre de casación en el fondo en contra de una sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas que rechazó el reclamo de ilegalidad que interpuso en contra de un Decreto Alcaldicio que aprobó la Ordenanza sobre Instalación de Líneas Distribuidoras de Energía Eléctrica y de Telecomunicaciones. El recurso denuncia […]
El Consejo General del Colegio de Abogados acogió un amparo profesional solicitado por un letrado a quien la PDI interceptó sus comunicaciones telefónicas sin contar con la autorización judicial respectiva y en contravención a precisas instrucciones del Ministerio Público. El recurrente estimó que las actuaciones de la policía restringen y perturban el derecho de defensa, […]
Se solicitó declarar inaplicable por inconstitucional el artículo 129 bis 5, inciso cuarto, del Código de Aguas, en el marco de un proceso ejecutivo civil seguido ante un Juzgado de Letras de Lota. La impugnación no se acogió a trámite luego de que la Sala designada por el Presidente del TC lograra convicción de que […]
La situación deriva de la presentación de una solicitud de invalidación de un acto administrativo del ISP que fue desestimada por éste órgano del Estado, lo que motivo que el particular afectado accionara de nulidad de derecho público fundado en que al haberse rechazado su petición la misma no fue tramitada conforme a lo que […]
“la revocación de los permisos de permanencia definitiva procede también respecto de los procesados, de modo que decretar tal medida, concurriendo los motivos de hecho que el legislador ha supuesto para el caso, es una facultad discrecional de la autoridad administrativa”.
Se denunció infracción al artículo 63 de la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, que dispone: “La acción ambiental y las acciones civiles emanadas del daño ambiental prescribirán en el plazo de cinco años, contado desde la manifestación evidente del daño”.
