Las impugnaciones referentes a la valoración de los hechos y las pruebas presentadas en juicio son propias de un recurso de apelación y carecen de la eficacia legal requerida para configurar una causal de nulidad penal.
El tribunal de alzada rechazó la demanda sin realizar el análisis del vínculo de causalidad entre el agente y el daño causado.
La resolución que resuelve un incidente de nulidad no produce efecto de cosa juzgada sobre los terceros ajenos que vean comprometidos sus derechos dentro de un juicio.
El Tribunal Oral en lo Penal no se encuentra obligado a apreciar las pruebas consideradas en el auto de apertura, ya que la valoración y la declaración de ilicitud de una prueba se realiza dentro del juicio oral.
Los formularios solicitados constituyen información acerca de la propiedad de la aseguradora y su divulgación podría afectar a todos sus afiliados.
El demandado sigue detentando el cargo de Presidente del sindicato, por lo cual la prescripción de su obligación de rendir cuenta no ha comenzado a correr y se mantiene vigente.
Los municipios pueden ejercer acciones ambientales en contra de las resoluciones de carácter general dictadas por el SEA.
La rebaja de la cuantía de las penas a la que se refiere el artículo 65 del Código Penal es una atribución facultativa y no constituye un imperativo legal para los tribunales del fondo.
Los sentenciadores son soberanos para determinar la procedencia de las diferentes circunstancias atenuantes o agravantes de un delito.
La inscripción es requisito, prueba y garantía de la posesión de un inmueble, por lo que su ausencia obsta la adquisición de su dominio.
