La Corte, fallando un recurso de protección, había dejado sin efecto el Decreto que ordenó retirar el letrero, sin embargo, el ente edilicio de todas formas lo retiró, lo que causó perjuicios al demandante.

El demandado alegó la improcedencia de indemnizar el total del valor comercial del vehículo chocado, si los restos del mismo igualmente tienen valor, el que debe ser descontado del monto total a pagar; argumento que fue acogido por la Corte.

La decisión fue acordada con el voto en contra de una Ministra de esa Corte, quien estuvo por confirmar la condena al Fisco y aumentar el monto de la indemnización a $100.000.000.-

El demandado alegó que no podía volver a discutirse el asunto por haberse concluido el proceso penal sin condena y con un acuerdo reparatorio, sin embargo, el Juzgado civil dejó establecido que eso sólo extinguía la responsabilidad penal, quedando vigente la civil.

Si bien el funcionario que realizó el examen médico debió consignar en el respectivo registro la discapacidad motora que motivó la limitación de la licencia, tal omisión no configura una ilegalidad ni una falta de servicio.

El Tribunal estableció la responsabilidad y obligación del Estado de mitigar el daño causado a los familiares de la víctima.

Al acreditarse el deber de mantención de los bienes de uso público por parte del municipio y el mal estado de la acera, no hace falta averiguar las razones de ese problema para determinar la falta de servicio, puesto que esa responsabilidad es de carácter objetivo.

No por ser de índole constitucional y de derecho público, la responsabilidad civil del Estado no puede extinguirse por el transcurso del tiempo, dado que, por su carácter universal, la prescripción no es ajena a esas normativas y puede operar en todas las disciplinas del Derecho Público.

Al no invocar el estatuto especial previsto en la LGUC ni el contemplado en los artículos 2003 y 2004 del Código Civil, que establecen un régimen de responsabilidad objetiva de las empresas constructoras, la parte demandante ha debido probar la negligencia que acusa, por lo que, sin esa verificación, se debe desestimar la acción de indemnización intentada.

Se aumentó la cuantía de la indemnización, considerando los montos para casos con resultado de muerte de un hijo, consignados en el baremo confeccionado por la Corte Suprema, fundado en que las consecuencias son tan dramáticas como el deceso de un hijo.