El máximo Tribunal desestimo el recurso al no contener la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, pronunciamiento sobre la materia de derecho que la parte recurrente pretende unificar.

El máximo Tribunal desestimó la procedencia del recurso al no ser contrastable la materia que la recurrente pretende unificar.

El Tribunal de alzada rechazó el recurso levantado por la legación trasandina en contra de la sentencia, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta, que le ordenó pagar a la trabajadora $9.930.393 de indemnización, equivalente a 11 remuneraciones.

El tribunal de primera instancia descartó la vulneración de derechos fundamentales en la decisión de separar de funciones al ex policía, al considerar que tal medida se tomó en base a antecedentes objetivos y verificables que daban cuenta de faltas a la ética y probidad del funcionario.

El máximo Tribunal consideró que hubo falta o abuso grave al acoger la excepción de incompetencia del tribunal para conocer la demanda.

La resolución detalla que el despido fue injustificado y arbitrario, con un episodio de hostigamiento de parte de la alcaldesa de la comuna, Alejandra Burgos Bizama, en contra de la funcionaria.

El máximo Tribunal estableció falta o abuso grave en la resolución recurrida, dictada por una sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó la excepción de incompetencia absoluta del tribunal de primer grado.

En el fallo, la magistrada acogió la acción, tras establecer que el despido de los funcionarios fue injustificado y que respondió a represalias políticas, vinculadas al apoyo de que dieron al alcalde saliente durante la última campaña electoral.

El Tribunal acogió la acción al considerar discriminatorio el despido de la profesional, a quien no se le renovó la contrata a honorarios por no presentarse a trabajar durante la pandemia por estar al cuidado de sus hijos y que solicitó prestar funciones vía teletrabajo, sin obtener respuesta de su empleador.

El Tribunal acogió la demanda, tras establecer que la empresa vulneró el derecho a la vida privada de la trabajadora al despedirla por no cumplir una orden de la empresa restrictiva durante días de descanso.